WEw l descontento de todas las partes implicadas o afectadas por el cierre de la central nuclear de Garoña el 1 de abril del 2013 acaso sea el síntoma más elocuente de que la decisión salomónica adoptada ayer por el Gobierno es probablemente la más adecuada. A la vista de los informes elaborados por el Consejo de Seguridad Nuclear y de la inquietud social provocada en la zona de Burgos donde se encuentra la instalación, el Gobierno no podía atenerse sin más a su promesa de clausurarla en el 2011, al cumplir 40 años de vida activa; hubiera sido una decisión con un gran coste: los trabajadores, y la opinión pública, no habrían entendido que, en estos tiempos, se cerraba una empresa que da trabajo sin dar tiempo a construir una alternativa a los mismos. Pero no es menos cierto que de haberse plegado a las exigencias de quienes explotan --Endesa e Iberdrola-- y trabajan en la central, habría cerrado los ojos a unos cuantos datos incontestables: Garoña es una instalación anticuada, productora de un volumen exagerado de residuos y con una participación menor en el conjunto de la producción eléctrica española.

En este sentido, el propósito tanto de los ecologistas como de la Asociación de Municipios en Areas de Centrales Nucleares (AMAC) de recurrir ante los tribunales la decisión del Gobierno resulta tan respetable como inadecuada. La pretensión de Greenpeace y otros grupos de echar el cerrojo a la central en el 2011 es insensible a los efectos sociales que tendría el cierre sin más de la central. La exigencia de la AMAC de que se mantenga en servicio hasta el 2019 soslaya el hecho de que la tecnología de Garoña está condenada a la jubilación.

Lo realmente criticable de la decisión sobre Garoña es que no ha servido para abrir sin prejuicios el debate relativo al futuro de la energía nuclear en España. Mientras en el resto de Europa se discute si las energías renovables permiten renunciar a la atómica, y si esta es económicamente viable sin ayudas públicas, aquí se ha preferido abordar la cuestión a la heroica. El Gobierno se ha sentido prisionero de una promesa electoral llena de aristas, y la oposición del PP ha querido presentar la liquidación de Garoña como un capricho socialista.

Lo cierto es que la industria española es puntera en el desarrollo de las energías eólica y solar, y nuestra climatología favorece su implantación. Pero media un mundo de ahí a suponer que es innecesario volver los pasos sobre el futuro de la energía nuclear. Es más realista --aunque menos popular-- admitir que, por más que las centrales existentes tienen fecha de caducidad, la cobertura de nuestras necesidades energéticas futuras está por garantizar. En este sentido, la declaración de la Junta de Extremadura de que España no puede permitirse el cierre de Almaraz, resulta, hoy por hoy, incontestable.