La sexta conferencia telemática entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que duró cuatro horas, se desarrolló con un mejor tono y una mayor voluntad de diálogo, según reconocieron los dirigentes regionales. Otra cosa son las medidas concretas, empezando por el anuncio del presidente del Gobierno de repartir entre las comunidades autónomas la suma de 14.000 millones «extra de liquidez» para hacer frente a la pandemia. Varios presidentes aseguraron que no son fondos nuevos, o que lo son en menor medida de lo que dice el Gobierno, porque se trata de adelantos de la financiación autonómica ya prevista. Ponen como ejemplo 5.500 millones correspondientes al adelanto de la liquidación del 2018, año en que se produjo una recaudación récord. Sin embargo, fuentes gubernamentales sostienen que si el Gobierno actualizara las cifras del sistema de financiación aplicando las nuevas previsiones económicas a la baja, resultado de la crisis, la diferencia serían esos 14.000 millones que se mantienen.

No es la primera vez que se producen discrepancias al interpretar las cifras de la financiación de las comunidades, pero de lo que se trata es de que, al margen de las distintas versiones, se produzca una auténtica colaboración entre el Gobierno y las autonomías para que la factura del coronavirus no aumente el endeudamiento de las comunidades autónomas y sea el Estado quien se haga cargo del gasto.

En la reunión hubo coincidencia en que el desconfinamiento debería producirse con diferencias territoriales. Es razonable que la desescalada diferencie entre territorios, pero con prudencia y coordinación entre el Gobierno y las autonomías para evitar un caos. Cantabria, Canarias o Extremadura apoyan la territorialización basándose en el escaso número de casos en sus comunidades o en parte de ellas. Sánchez, sin embargo, acogiéndose a las recomendaciones del comité científico, anunció que la situación de la red de asistencia primaria en cada autonomía será un factor decisivo para decidir la desescalada por territorios y no tanto el mayor o menor número de casos. Con el objetivo de impedir que una segunda oleada del coronavirus vuelva a poner en peligro de colapso el sistema sanitario, los centros de atención primaria (CAP) deberán detectar los contagios, aislar a los contagiados, hacer un seguimiento de ellos y garantizar la localización y la vigilancia de las personas que hayan tenido relación con los contagiados.