No suele ser un buen auspicio que una reunión entre dirigentes sea noticia simplemente porque se celebre. Este era el contexto previo al encuentro de ayer en Barcelona entre los presidentes del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Quim Torra. Y, a pesar de que como era previsible nada concreto surgió de la reunión, el encuentro sí dejó buenas noticias. De entrada, la decisión firme de constituir la mesa de diálogo este mismo mes de febrero, presidida por ambos. El buen ambiente entre los dos dirigentes -institucional, incluso empático, alejado de la crispación temida- es más que bienvenido en un tiempo político en el que sobra gesticulación y postureo para satisfacer a las parroquias más hiperventiladas. Y el hecho de que Sánchez se haya presentado en Barcelona con una lista de propuestas y una nutrida agenda de encuentros al margen de la reunión celebrada en Palau (que incluye a entidades sociales, empresarios, y a Ada Colau y Núria Marín, alcaldesas de Barcelona y L’Hospitalet, respectivamente) indica que el recién nacido Gobierno de coalición ha decidido tomar la iniciativa en Cataluña, toda una novedad después de años de ‘procés’ en los que el papel de los Ejecutivos ha sido reactivo ante el independentismo.

Por parte de Torra, la reunión discurrió con el guion previsto. El ‘president’ presentó su programa de máximos: autodeterminación y amnistía. Sánchez respondió con un documento de 44 puntos con propuestas para la mejora del autogobierno. La distancia entre aumentar el autogobierno y la autodeterminación es abismal; los recelos son profundos; los obstáculos para este proceso de diálogo que ahora nace serán mayúsculos. Pero ambos presidentes, el autonómico y el estatal, ayer se anclaron a la vía de la negociación, por tanto a la vía política, lo cual constituye una bienvenida novedad en el conflicto institucional catalán después de una década que Sánchez no tuvo tapujos en calificar de «lamentable».

Los años de ‘procés’ han seguido un guion, en efecto, estéril. En Barcelona, el independentismo fue abandonando paulatinamente el camino de la lealtad institucional para acabar apostando por una vía unilateral que se convirtió en una vía muerta en octubre del 2017. En Madrid, los gobiernos de Mariano Rajoy primero se instalaron en el inmovilismo y después apostaron por la judicialización de un conflicto eminentemente político. Las consecuencias de estas estrategias las paga hoy Cataluña (su sociedad, su política, su economía). La reunión de ayer certifica el final del ‘procés’ como lo hemos conocido hasta ahora y el inicio de una nueva fase. No cabe llamarse a engaño: obstáculos y obstaculizadores no van a faltar en este camino, que nace, además, con unos Presupuestos por negociar en Madrid y unas elecciones que celebrar en Barcelona. Tanta necesidad a corto plazo no ayuda a un proceso que por definición debe poner las luces largas. Pero más allá de la coyuntura, la foto de ayer en Palau y la agenda catalana de Sánchez muestran que, por primera vez en años, parece que hay cierta voluntad negociadora.