WEwl Tribunal de la Competencia, un organismo administrativo del Ministerio de Economía, ha sentenciado que desde el año 2000 la compañía Telefónica ha impedido el normal desarrollo de sus competidores en telefonía fija y ha sancionado a la primera empresa privada española con una multa de 57 millones de euros (casi 9.500 millones de pesetas). La práctica ahora penalizada restringía el derecho del usuario a elegir compañía suministradora de telefonía básica, con un matiz revelador: si la cuota de abono a Telefónica es fija, no tiene sentido que el cliente no pueda optar a otro suministrador. Más allá de la inusitada cuantía económica de la sanción y de que la sentencia se anuncie cuando está en marcha el relevo del Gobierno, destaca la cuestión de fondo: una mala regulación del mercado de las telecomunicaciones en España nos ha llevado a la paradoja de ser la sede de una de las empresas punteras mundiales del sector y, a la vez, tener que constatar que ese liderazgo se ha sustentado en prácticas restrictivas en su mercado de origen. Con todo, la evolución vertiginosa de las telecomunicaciones hace ver como obsoletas las causas que hace cuatro años motivaron la denuncia contra Telefónica.
