El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por unanimidad proponer al Ministerio de Industria la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó por la emisión de partículas radiactivas a finales de noviembre del 2007, aunque el incidente no fue descubierto hasta el 14 de marzo y solo fue notificado al Consejo el día 4 del pasado mes de abril. El CSN propone imponer a la empresa titular de la planta (participada por Endesa e Iberdrola) cuatro sanciones graves (una en grado máximo y tres en grado medio) y dos leves en grado mínimo. El Ministerio de Industria, a quien compete abrir y cerrar el expediente, tiene en sus manos imponer una sanción que irá de 9 millones de euros, si es benigno, a 22,5 millones si opta por una multa ejemplarizante.

El ministro Miguel Sebastián dio a entender días atrás que se inclinaría por la banda alta de lo que propusiese el CSN. Es lógico. En un momento en que algunos reabren el debate sobre la conveniencia de volver a apostar por la energía nuclear ante la escalada de precios del petróleo, el Gobierno central debe garantizar, de entrada, que no tolerará fallos de seguridad en las centrales existentes.

Una ley, aprobada un mes antes de que se produjera la fuga en Ascó, elevó las sanciones para los incidente nucleares hasta un máximo de 30 millones de euros por cada sanción "muy grave", diez veces más que la multa que se podía imponer hasta entonces.

El CSN --que inicialmente clasificó el incidente de nivel uno de una escala de cero a siete, y solo más tarde lo elevó a nivel dos-- considera en su resolución que "no ha existido daño a la población ni al medio ambiente" y que "la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve". Eso explica que no reclame sanciones máximas y centre sus acusaciones en la existencia de fallos significativos en el control y en el suministro de información al Consejo por parte de la planta.

La sanción grave en grado máximo lo justifica por la emisión radiactiva y por haber manipulado al alza los monitores de control. Dos directivos de la planta fueron destituidos y la causa penal iniciada por la fiscalía sigue abierta. El CSN, cuya efectividad fue cuestionada por descubrirse tan tarde lo sucedido, ha presentado una propuesta de sanción ajustada. Y lo que es tanto o más importante: impuso a la central un plan de actuaciones de carácter técnico y administrativo, cuya aplicación supervisa.

Parece desproporcionada la petición de retirada de la licencia de explotación a Ascó, solicitada ayer por diferentes organizaciones ecologistas. Sí es elocuente la comparación que ayer pusieron encima de la mesa Greenpeace y Ecologistas en Acción, en el sentido de que la multa sería equivalente al beneficio obtenido en dos semanas de actividad por la planta. Sin embargo, la ley es la que es y solo cabe respetarla mientras no se obtenga el consenso suficiente para endurecerla.