La federación de asociaciones por la sanidad pública divulgaba esta semana su sexto informe sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas, un estudio que vuelve a situar a Extremadura como la de más peso de la sanidad pública, en un grupo destacado que comparte con otras tres regiones gobernadas también por la izquierda como son Asturias, Andalucía o Castilla-La Mancha, y en el que solo se han colado en los últimos cinco años otras gobernadas por fuerzas de centro y derecha, como han sido La Rioja o Cantabria.

La importancia de la sanidad pública en la economía extremeña es innegable. El pulso social, de negocio, de nóminas, de sostenimiento del sistema en esta comunidad, se centra y evidencia en entornos como son los colegios e institutos y, sobre todo, hospitales del Servicio Extremeño de Salud. Dos de los pilares del Estado del Bienestar, educación y sanidad, que en territorios tan poco atrayentes para inversiones privadas como este, son básicos de vida o muerte para el sostenimiento de la población.

La actividad en torno a los once hospitales o complejos hospitalarios públicos de la comunidad es algo que querríamos también ver en tantos y tantos polígonos industriales. Un hormiguero de trabajadores públicos, pacientes y sus acompañantes, empleados de empresa auxiliares como son ambulancias, suministradores y mantenedores de equipamiento técnico y sanitario, de consumibles, taxistas, hostelería (desayunos, comidas, parte de ella que se introduce en el hospital), farmacias, parafarmacias, ortopedias, floristerías...

Un chorro de actividad y dinero que corre por las arterias de la economía extremeña y que aquí se mantiene directamente en el organismo social público de la Junta y su Servicio Extremeño de Salud. Rodríguez Ibarra cerró a principios de este siglo las transferencias sanitarias desde el antiguo Insalud, con una satisfacción que nos contó directamente una tarde-noche a un compañero y a mí en términos aún de miles de millones de pesetas, y desde entonces esta economía regional precaria trata de poner a salvo una sanidad pública adecuada al bolsillo medio de los extremeños, que pese a las críticas, obligadas y frecuentes, del sector social y político más a la izquierda, se mantiene como la menos privatizada.

Desde la Junta se ha apuntado varias veces la importancia del sistema público de sanidad en la economía regional. Como todo lo público, tiene sus defectos, entre otros ese tan español de que lo que es de todos no es de nadie, pero frente a lo privado ahorra ese margen de beneficio que toda empresa particular pretende, algo legítimo pero que en este entorno celtibérico del mayor pelotazo en el menos tiempo posible es incendiario en sus efectos.

El servicio público concertado con la empresa privada, en ofertas básicas y tan importantes como la educación o la sanidad, debería funcionar como un elemento corrector de las desviaciones, y así es a veces aunque la mayoría se hace a costa del factor laboral. En la sanidad suele usarse en los planes de choque cuando la demanda inagotable por parte de la ciudadanía obliga a concertar consultas, pruebas diagnósticas, operaciones..., pero en esta comunidad se usa en términos contenidos, tanto cuando gobierna PSOE como cuando lo hizo el PP.

El carácter público y directo de la sanidad en Extremadura no lo discute ninguna fuerza política, y si ha habido críticas entre ellas es precisamente por lo contrario, por una presunta y excesiva concertación con el sector privado.

Y un apunte conveniente sobre la mala fama que tenemos dentro de España en cuanto al número de funcionarios: la concentración en manos públicas de servicios como sanidad o educación es una de las explicaciones frente a sistemas mixtos público-privados del que sería un ejemplo, seguramente malo, esa Cataluña que aparentemente piensa solo en banderas utilizadas para tapar estas otras cuestiones, como que casi el 56% de las camas hospitalarias allí son de propiedad privada, el mayor porcentaje de todo el país, así como el 58% del equipamiento sanitario de alta tecnología, o que el 25% del presupuesto aún público mermado por lo anterior se dedique a concertar con la medicina privada.