La decisión de los sindicatos franceses de continuar hoy la huelga de ferroviarios y de los empleados del metro y la red de transportes públicos del gran París no empaña que la contención en las formas es toda una señal de prudencia, lógica en unos trabajadores enfrentados a una opinión pública que se ha decantado a favor de las reformas propuestas por el Gobierno. El hecho mismo de que este parece dispuesto a hacer una propuesta a los sindicatos para acabar con la huelga enseguida, sin adulterar la reforma, revela la fortaleza de Nicolas Sarkozy, que el martes se presentó en el Parlamento Europeo como el apóstol de la modernización de las estructuras económicas en la UE. La convocatoria de la huelga ha abierto en Francia un debate político, jurídico y social. En primer lugar, porque Sarkozy avanzó el contenido de la reforma durante la campaña electoral y ganó la presidencia con este proyecto bajo el brazo. En segundo término, porque la modificación del régimen laboral de los empleados en huelga --prolongar hasta los 40 años el tiempo de servicio necesario para percibir la pensión completa en vez de los 37,5 de ahora-- ha sido ampliamente apoyado en la Asamblea Nacional. Finalmente, porque la reforma acaba con una situación de privilegio que incluso en el seno de los grandes sindicatos ha dado pie a tensiones entre sus afiliados. Se trata, en suma, de un debate en el que se ha puesto en discusión la herencia del Estado providencia construido por el general De Gaulle y sus epígonos. Una controversia que reúne todos los ingredientes para poner a prueba a Sarkozy, pero que, a la vista del desarrollo de los paros, confirma que sigue en estado de gracia.
