Después de casi nueve años, hemos conocido la primera sentencia en lo referente a los ERE de la Junta de Andalucía, por las irregularidades en prevaricación y malversación de fondos públicos durante las legislaturas de los presidentes Chaves y Griñán, del PSOE. La investigación se inició el 16 de marzo del 2011 con la juez Alaya, que profundizó, y mucho, en la cuestión, poniendo de manifiesto la existencia de una red de corrupción, pero la retiraron de este caso, tomando el mando la juez Núñez Bolaños, bajo cuyo cargo se produjeron algunas prescripciones, y después de darse de baja por asuntos personales, y denunciada por la fiscalía por dilación, fue sustituida por el juez José Ignacio Vilaplana. Finalmente, el 17 de diciembre del 2018, el macrojuicio quedó visto para sentencia, y el pasado 19 de noviembre se publicaron las condenas para los expresidentes Chaves, Griñán y 17 exaltos cargos que suman en total unos 68 años de prisión y más de 260 de inhabilitación. Esta sentencia es la punta del iceberg, porque quedan unos 150 procesos por juzgar, como principales los cursos de formación, donde también están implicados los sindicatos. Se habla de unos 2.900 millones que han sido otorgados sin ningún control ni fiscalización. Queda claro que durante la Transición y consolidación de la democracia española los partidos políticos han aprovechado y aprendido rápidamente cómo hacer uso ilegal del dinero público, que es de todos. ¿Servirán estas sentencias ejemplares para hacer posible desterrar la corrupción política?

CONTAMINACIÓN

Caso omiso de las instituciones

Nuria Marín

Ingeniero técnico

Mucho se habla de contaminación atmosférica, calidad del aire y cambio climático. Y nos preguntamos cómo es posible que los científicos hayan estado avisando los últimos 20 años sin que ni ciudadanos ni administraciones hayan hecho caso. Pues se está repitiendo el mismo error con la contaminación electromagnética.

Desde finales de los 90, médicos e investigadores alertan de que las tecnologías inalámbricas no son inocuas para la salud. Que los seres vivos, incluidos los humanos, no estamos preparados para una alteración tan intensa de nuestro entorno. Y no se refieren al contacto próximo con los utensilios sino a la contaminación del entorno en el que vivimos, trabajamos y nos movemos. De ello se ha hecho eco el Parlamento Europeo: en el 2001, «una de las principales amenazas es la contaminación electromagnética producida por el hombre»; «una tarea importante para el siglo XXI es un programa de biocompatibilidad electromagnética, tarea que está siendo eludida a riesgo de nuestras vidas».

En el 2009, la Resolución 2008/2211 (INI) reflejaba: «que se revise la adecuación de los límites fijados», «que se preste especial atención a los efectos biológicos». En el 2018, el Comité de Salud, Medioambiente y Riesgos Emergentes clasificó el incremento de esta radiación como de riesgo máximo. Las administraciones no solo están haciendo caso omiso sino que están dando voz solamente a los sectores interesados.

POLÍTICA

Pensar en verde

Cristina Gómez

Rubí

Unos días antes de las pasadas elecciones, decidí buscar un poco de información para enterarme de qué partidos políticos incluían medidas medioambientales potentes, acertadas y verdaderas. Me decepciona que no haya una gran representación de esta cuestión en términos generales. Es una materia más, pero ni de lejos parece que tenga demasiada relevancia. Oí en un informativo que tanto en Francia como en Alemania los partidos verdes están ganando representación en el Parlamento. Pienso que ni siquiera las cuestiones medioambientales tendrían que definir un color o un partido en concreto, dado que tendrían que constar en todos los programas políticos, si no es por convicción, que lo sea por obligación. Es un tema ineludible que no se puede obviar ni aplazar. Pero como pasa a menudo, en España (el sur de Europa, vaya), vamos siempre a remolque.