A pesar del largo trecho de democracia que llevamos recorrido, aún seguimos aferrados a la vieja costumbre de establecer categorías políticas. En la cúspide solemos colocar a los llamados padres de la patria, los legisladores por antonomasia, los investidos con la toga de la magnanimidad, siguiendo un orden descendente están los parlamentarios autonómicos, que ejercen las mismas funciones pero en ámbitos más reducidos, y el círculo se cierra con los responsables de la administración municipal, que son quienes resuelven lo que de inmediato afecta al ciudadano.

Tal vez su alejamiento de las esferas del poder y de la influencia, sean la causa de que los ayuntamientos sigan siendo los parientes pobres de las administraciones territoriales. A pesar de haber tenido que asumir una serie de servicios que les son ajenos y que les han sido adjudicados sin recibir contraprestación alguna a cambio. Así desarrollan las políticas de infancia, de juventud, de vivienda, de deporte, de seguridad y de cultura, colaborando al desarrollo de leyes como la de Igualdad y la de Dependencia.

Se ha vivido una eclosión autonomista a lo largo de los últimos tiempos, una espiral centrífuga basada en la aspiración a un cada vez más elevado techo competencial. Pero estas comunidades que tanta autonomía demandan para sí, no han ejercido el principio de reciprocidad respecto a la descentralización local, y administran con mano de hierro los recursos que tienen asignados. Cualquier reivindicación municipal ha caído siempre en saco roto, se ha renunciado a un simple gesto en favor de la corresponsabilidad, no se ha encontrado el momento propicio para concederles la más mínima reivindicación, sometiendo a las actuales corporaciones a un permanente estado de desánimo, al tener que regirse por unas normas de financiación que se establecieron al inicio de esta etapa democrática.

XLO QUE AHORAx pretende la Federación Española de Municipios y Provincias es crear un nuevo modelo de financiación en el que exista una correlación entre recursos y servicios prestados, para ello pretenden abrir un proceso de negociación paralelo al que el Gobierno tiene establecido con las autonomías, de manera que se les asigne directamente un porcentaje de los ingresos generales del Estado y del de las comunidades autónomas.

Pero la situación de crisis por la que atraviesa la economía, hace que no sea éste el momento más indicado para tales reivindicaciones, a pesar de ser las administraciones locales las que sufren con mayor agudeza los efectos devastadores del cambio de ciclo, algo que afecta al sector de la construcción que ha sido su principal fuente de ingreso y la que han contribuido a mantener intacto el equilibrio de las arcas municipales, cuando ni el déficit ni el endeudamiento provocaban los estragos ni la situación de dramatismo por la que actualmente atraviesan.

Hasta ahora cada municipio ha ido desenvolviéndose por sí mismo para resolver sus problemas económicos. La recalificación de terrenos al amparo de la Ley del Suelo, ha servido para suplir durante algún tiempo cualquier tipo de carencia, aunque en muchos casos estas prácticas hayan degenerado en enriquecimientos personales ilícitos, como consecuencia de los abusos, de las irregularidades y de las corrupciones asociadas al fenómeno urbanístico.

Los impuestos que los ayuntamientos cobran a sus convecinos son un bien escaso, algo insuficiente como para poder mantener los servicios que prestan. Costituyendo las aportaciones del Estado tan solo el 12% de lo que éste recauda, cuando en la mayoría de los países europeos se trabaja con porcentajes superiores al 25%.

Es más fácil conseguir un acuerdo sobre el modelo de financiación municipal que sobre el autonómico, al no estar éste sujeto a variables como la insolidaridad y los aspectos identitarios, que son el caballo de batalla del que se sirven algunas comunidades para obtener una posición de privilegio. Aquí se trata de establecer unos criterios de proporcionalidad y de homogeneidad, solo alterados por una partida destinada a compensar a las localidades pequeñas.

Las demandas de los responsables municipales son justas y razonables, no es lógico que el 30% de sus recursos se destinen a sufragar actividades asistenciales que no les corresponde asumir. La causa de la paralización de esta reforma no es atribuible a la falta de consenso, sino más bien a la falta de voluntad política de quienes no están dispuestos a ceder competencias, ni recursos, ni están por la labor de establecer ningún modelo de descentralización que lleve parejo cualquier tipo de dotación económica.

Mientras tanto los municipios seguirán dependiendo de las migajas o de las caridades que alguien tenga a bien otorgarles, para prolongar esa agonía que les mantiene al borde mismo de la quiebra. Y desde esta postración se atreven a formular un nuevo ultimátum, que más que un órdago o una amenaza, es un SOS lanzado al mar en la premura incontestable de una botella.

*Profesor.