Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre los problemas de seguridad ciudadana en Almendralejo han creado una tremenda alarma social en la ciudadanía.

El alcalde de esta ciudad ha admitido públicamente conocer desde hace años que existe prostitución de menores en el parque de la Piedad. La gravedad de estas declaraciones públicas, no puede calificarse de menos que extrema.

Para cualquier ciudadano existe una clara obligación moral de denunciar ante las autoridades o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad este tipo de delitos tan graves y despreciables desde el mismo momento en que tiene conocimiento de ellos. Pero no solo ello, sino que, como no podía ser de otra manera, existe también la obligación legal de denunciarlo.

En este caso, no se trata de cualquier ciudadano, sino de un alcalde, que es la máxima autoridad de la ciudad, que manifiesta conocer los hechos desde hace años y, a pesar de ello, han seguido produciéndose. Es inconcebible que tan solo ahora se anuncien medidas para atajar la prostitución de menores.

XMAS GRAVEx es aún la situación si tenemos en cuenta que en Almendralejo, ciudad de 30.000 habitantes, se ha denunciado en los últimos años un preocupante incremento de la inseguridad ciudadana y se han producido violaciones, delitos de agresiones, abusos sexuales, delitos contra la salud pública y continuos delitos contra la propiedad privada. Es llamativo además que, a pesar de las quejas y peticiones constantes de una mayor presencia policial ante la creciente inseguridad ciudadana en Almendralejo, por parte de la oposición, de asociaciones varias, de sindicatos, de particulares, etcétera- sigue existiendo una importante carencia de policías, tanto nacionales como locales.

El hecho de que el jefe de la policía local haya confirmado el conocimiento de los hechos agrava, si cabe, aún más la situación denunciada. A nadie se le escapa que la dirección del servicio de seguridad local corresponde al alcalde o concejal delegado y por supuesto al jefe de la plantilla, que debe realizar la adecuada planificación y priorización de actuaciones, así como la distribución de patrullas.

Manifestar que los delitos de prostitución son competencia de la Policía Nacional, no exime de la responsabilidad que debe asumirse en el caso, máxime cuando todos ellos, forman además parte de la Junta de Seguridad Local, organismo que establece los procedimientos de colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en la ciudad y sobretodo cuando la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno manifiestan su alarma ante las manifestaciones efectuadas y el no tener conocimiento sobre los hechos. La delegada del Gobierno ha anunciado incluso que se realizará una investigación interna para saber si ha habido negligencia o dejación de funciones.

Por todo ello, el máximo responsable de esta ciudad debiera hacer un profundo ejercicio de autocrítica en cuanto a la gestión realizada en materia de seguridad.

Estas declaraciones públicas son tremendamente desafortunadas, contribuyen a aumentar la alarma social ya existente y crean una terrible sensación de inseguridad, a la vez que producen el descrédito y pérdida de confianza en las servicios de seguridad y en los responsables políticos.

Junto a estas declaraciones expone el señor alcalde que la policía local debe denunciar a través de las ordenanzas municipales a todo aquel que ejerza la mendicidad en la ciudad. Otra sorprendente declaración, pues con los graves problemas de seguridad ciudadana existentes ante los que debe hacerse frente, el denunciar a aquellos que piden para poder comer no parece que deba ser uno de los nuevos objetivos prioritarios de la policía.

*Agrupación Policía Localde CCOO-Extremadura.