En el 2011 hubo la cifra más baja de víctimas mortales en las carreteras españolas: por primera vez en 50 años se bajó de los 1.500 muertos anuales; concretamente, 1.479. El año pasado se registró un nuevo descenso, hasta los 1.304. Las cifras han mantenido una tónica de paulatina disminución desde 1992, pero a partir del 2007 la reducción ha sido de dos dígitos casi todos los ejercicios.

Ese año fue bastante providencial en la lucha contra los accidentes de tráfico porque fue cuando entró en vigor el nuevo Código Penal, que recoge un endurecimiento de las penas por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y amplía la relación de las conductas que se pueden tipificar como delito contra la seguridad vial.

La aplicación de la nueva legislación no solamente se refleja en la aceleración del descenso de los accidentes mortales, ya iniciado con anterioridad, sino también en el aumento de las personas que sufren prisión precisamente tras serles aplicadas las condenas previstas en el nuevo Código Penal. El año pasado estuvieron en la cárcel unos 2.000 conductores que habían sido cazados con más de 0,60 mg/l --está prohibido con más de 0,25 mg/l, pero tiene reclusión penitenciaria a partir de 0,6--, conducían sin permiso o lo hacían de forma temeraria.

La experiencia demuestra que la concienciación colectiva y personal sobre las normas de la seguridad vial es imprescindible; es el único camino para crear conductores civilizados a medio y largo plazo. Sin embargo, cortar aquella sangría insoportable de las cifras de cada fin de semana, de cada puente y de cada operación salida o retorno, a las que ya habíamos llegado a habituarnos, exigía medidas más contundentes y a corto plazo. Los datos demuestran su eficacia, como eficaz es la multa a quien aparca el vehículo en doble fila.

Curiosamente, mientras aumenta el número de encarcelados por estos nuevos delitos, la cantidad de procesos incoados ha descendido; un 16% el año pasado. Es posible que esta caída responda simplemente a que hay menos tráfico debido a la crisis, dado que el consumo de hidrocarburos se redujo un 15% en el 2012. Pero lo que parece bastante claro es que los jueces aplican la legislación con severidad, de modo que desciende el número de juicios pero sube el porcentaje de los que acaban en condena.