El monotema de Cataluña ha venido a silenciar en gran parte la reciente y primera reforma del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, muy probablemente también la última pues estamos a poco más de año y medio de las próximas elecciones autonómicas. Unos cambios que se venían esperando desde principios de este 2017, por aquello de llegar el ecuador de la legislatura y el manoseado ‘tomar impulso’.

Podrían haber sucedido tras el debate sobre el estado de la región, haberlos hecho con la sordina del verano, pero otra sordina, la secesionista, ha acompañado a una remodelación de no gran alcance, señal de que el presidente Fernández Vara anda convencido de que le funcionan las piezas, una distribución nueva de tareas cuya señal más importante es la creación de una vicepresidencia y elevación a la misma de la consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales Limones.

Ella ya ejercía hace tiempo realmente de vicepresidenta, era la que coordinaba las consejerías, y en las interinidades en ausencia del presidente era quien llevaba con autoridad y mando sus funciones, la autoridad que le da su trayectoria político-pública, y el mando que otorga tener la llave de las cuentas y los dineros.

Tras haber sido en su día segunda de la lista de Rodríguez Ibarra a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz, y portavoz del grupo parlamentario socialista, pero truncarse pronto las expectativas que la designación había sembrado, esta llerenense de nacimiento, catedrática de Derecho Internacional Privado, fue en la Administración central directora general de los Registros y del Notariado.

Es algo que comparte con la otra novedad en el Ejecutivo de Fernández Vara, la nombrada consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias.

Ambas participaron en segundos escalones del primer gobierno de Rodríguez Zapatero 2004-2008; en el caso de Pilar Blanco con la citada dirección general en el ministerio que dirigía el canario Juan Fernando López Aguilar, y la cacereña Leire Iglesias como directora general del Instituto de la Juventud bajo el mandato del bejarano Jesús Caldera como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Con la creación de la Consejería de Cultura e Igualdad se eleva a seis el número de ‘carteras’ en el Ejecutivo de Vara, que cumplirá así su intención política de al menos quedar algo por debajo del gobierno de siete consejeros y consejeras que nombró su predecesor José Antonio Monago.

El sentido de aproximarse a esa cifra última, pasando de cinco a seis, con la aparición de Cultura e Igualdad, es reconocer que efectivamente un Ejecutivo de cinco está demasiado comprimido, y sobre todo que para eso se ‘colgaron’ de la Presidencia de la Junta demasiadas competencias, teóricamente en manos de Fernández Vara pero que le resultaba imposible ejercer. Se da más rango político a las tareas de Cultura e Igualdad, descargando al gabinete presidencial, y de paso puede interpretarse que se concede un equilibrio de carteras Cáceres-Badajoz con tres para socialistas de cada provincia: las cacereñas Begoña García, Esther Gutiérrez y Leire Iglesias, y en Badajoz una mujer, Pilar Blanco-Morales, acompañada de José Luis Vergeles y José Luis Navarro.

Los arañazos y males mayores de los congresos provinciales del PSOE quedaron atrás ya, con esa última secuela de la marcha de la diputada Ángeles Ugalde, y la señal mandada en el mismo sentido con Eva Pérez, y la reafirmación de los pilares en que se apoya Vara, Miguel Ángel Morales en Cáceres y Rafael Lemus en Badajoz.

Queda el último salpicón de las asambleas para elegir ejecutivas locales, de las que saldrán los nombres de los próximos candidatos a las alcaldías de 2019. Ricardo Cabezas en Badajoz ciudad, y Belén Fernández en Cáceres, están bien situados.