Una vez un diputado nacional del PP por la provincia de Cáceres vio que tras 20 años en el Congreso de los Diputados no salía elegido. Se acogió a un derecho que hace una década existía para los diputados cesantes, y recibió una indemnización proporcional a los años en el escaño, y que superó los 100.000 euros.

Aquello desapareció como tal, pero cada vez que se habla de las retribuciones de los diputados, nacionales y autonómicos, se clavan espinas sociales como la ocurrida esta semana al aprobarse en una comisión de la Asamblea de Extremadura, para ser ratificada en pleno el próximo día 25, una ‘asignación económica de carácter temporal’ cuando sus señorías cesen, mientras se consigue un convenio con la Seguridad Social para establecer legalmente un derecho al desempleo.

El ‘sambenito’ de la propuesta ha recaído en Podemos, que se ha encargado de trasladar a la región la proposición que en el mismo sentido se aprobó en las Cortes de Aragón hace un año. Sin cambiar una palabra en principio, aunque venía una extraña alusión a los ‘derechos adquiridos’ que aquí los otros tres partidos, PSOE, PP y Ciudadanos, se han apresurado a eliminar. «¿Derechos adquiridos, qué derechos?, aquí no tenemos ninguno», explicaba un diputado.

La medida de establecer una asignación económica para los que cesen y no tengan trabajo al que aferrarse ha tenido el esperable rechazo social. En una Extremadura de precariedad laboral y económica, como regularmente se encargan de recordar las estadísticas del Sexpe y la EPA, los responsables de la misma, o de solucionarla, no son precisamente populares cuando aprueban para sí mismos una nueva retribución dineraria.

Es posible que se dé el caso, cuando a partir de mayo del año que viene se aplique por primera vez y tras las elecciones autonómicas ese remedo de ‘derecho al desempleo’, que haya diputados que directamente desde las listas del Sexpe en busca de empleo, porque por su juventud no hayan tenido oportunidad o suerte de tener trabajo, pasaran en su día a ser diputados de la Asamblea -una retribución líquida media de 2.400 euros mensuales-, y de nuevo a las listas del paro pero cobrando una paga transitoria de la Asamblea.

En el Parlamento regional hasta hace una década no se cobraba sueldo como tal excepto para los cinco miembros de la Mesa. Recibían retribuciones por asistencia a comisiones y plenos, indemnización por kilometraje y dietas los días de esas actividades, y se sabe que algún grupo parlamentario pagaba además de la asignación global que recibía, cantidades indeterminadas a diputados y empleados del partido.

El sistema de sueldo, de dedicación exclusiva, resultaba más transparente y al mismo están acogidos el noventa por ciento de los diputados de la Cámara. Ahora se añade una cantidad por cese para, argumenta la proposición original del Podemos, evitar las «puertas giratorias», el tráfico de influencias consistente en si te falla el cargo político entrar a trabajar en una empresa privada a la que hayas dado trato privilegiado desde aquél. Favores con favores se pagan. De alguna manera había que vestir la propuesta y habrá que esperar cuánto deciden los diputados pagarse a sí mismos cuando cesen, una cantidad que precisamente por eliminación no debería exceder de los 1.100 euros mensuales que como tope percibe un desempleado con dos hijos a su cargo.

Pensar que con esa medida se evitan tráficos de influencias y puertas giratorias resulta bastante cándido. Quien no sea honrado, y haya ejercido o piense ejercer de ‘lobby’, no dejará de hacerlo por esas cantidades, mucho menos por los 12.000 euros en total por legislatura (cuatro años) que indican otras fuentes, y le bastaría renunciar a ello. Más interesante sería volver a reflexionar sobre la ‘carrera política’ en la actualidad. Rodríguez Ibarra decía que a la política debería llegarse cotizado, con experiencia vital y laboral. Pero hace muchos años, y los parlamentos están llenos, que la política es una carrera laboral y profesional más, que se inicia en las organizaciones juveniles de los partidos, y se continúa en el partido o en los cargos públicos de manera férrea y permanente con la condición de obedecer al jefe de turno.