Las intenciones del nuevo Gobierno de la Junta --sí Junta de Extremadura no Gobierno de Extremadura--, en materia económica, cada vez son más evidentes. La economía del miedo, o lo que el economista liberal, Milton Friedman , denominó la Doctrina del Shock , es el modelo a seguir tanto por el Monago como por su consejero de Hacienda.
Es cuanto menos curioso que el nuevo presidente de la Junta insistiera en su discurso de investidura, en la despolitización de la política, en que nada obedece a los clásicos dogmas defendidos tanto por la derecha como por la izquierda. Como si le avergonzara asumir que su partido es de derechas.
Esto, obviamente, ha durado muy poco. Basta con prestar atención a las declaraciones que se han venido vertiendo desde la Junta de Extremadura en materia económica y financiera.
La Doctrina del Shock, es decir, provocar intencionadamente una situación de extrema emergencia para que la ciudadanía acabe acatando como algo positivo medidas drásticas, es el paradigma a seguir por el Gobierno autonómico. No digo nada sorprendente ni novedoso, de hecho, esta doctrina la ha hecho suya el Partido Popular allí donde han empezado a gobernar.
El objetivo que pretenden conseguir es obvio: implantar un duro neoliberalismo económico.
Para ello, el PP está inmerso en una especie de cruzada para buscar el déficit perdido, exagerando y faltando a la verdad si es necesario. Eso mismo ha ocurrido aquí, sumando déficit anterior e incorporándolo al actual, cuando lógicamente ya está recogido; es decir, sumando la misma cosa dos veces.
XLA INSISTENCIAx en hacerlo público, no obedece, como dice el PP, a hacer un análisis realista de las arcas públicas; no, no es así, porque sencillamente no es real. Esto obedece al primer paso de esta doctrina, es decir, empezar a generar en la ciudadanía esa situación de shock, y para ello nada mejor que repetir e insistir en el mensaje para que los extremeños lo vayan interiorizando.
Para que todo ello tenga el efecto esperado hay que buscar un culpable y nadie mejor que acusar a los socialistas como pésimos gestores. Así los señores líderes autonómicos del PP culpan de esta situación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno socialista de España, en la que se establecía cierta flexibilidad para incurrir en déficit o superávit siempre dentro de unos márgenes razonables. Como contrapunto, insisten en recordar la Ley del señor Montoro , conocida como la Ley del Déficit Cero, como la mejor solución para evitar la deuda. No obstante, este argumento carece de peso si consideramos algo muy obvio, la Ley creada por el Gobierno socialista no obliga a endeudarse; por tanto, las CCAA que hubieran querido, podrían haber mantenido esa teoría de la rígida estabilidad presupuestaria del déficit cero. Pero esto no lo ha hecho ninguna, y menos aún las gobernadas por el PP, que son las más endeudas.
El siguiente paso es adelantar poco a poco las medidas que se van a tomar para superar esta gravísima situación. Poco importan las consecuencias económicas y sociales que puede traer consigo lanzar este mensaje, da igual provocar desasosiego e incertidumbre. Poco importa si por esta situación de emergencia intencionada, al emprendedor se le anula su capacidad de emprender, y menos aún importa que el mercado financiero deje de confiar en la solvencia de la Administración subiendo los intereses de la deuda para garantizar su cobro.
Nada importa si se consigue el objetivo final, es decir, reducir al máximo el gasto público aplicando duros recortes o privatizando. Creando esta situación de emergencia ficticia y sumando la excusa de la austeridad, tienen todo a favor para adelgazar la capacidad de maniobra y de intervención de lo público en la economía, y por tanto, dando más alas al libre mercado.
La austeridad debe aplicarse, no hay duda, pero no debe ser la excusa para acabar privatizando o recortando políticas esenciales que garanticen el bienestar y un nivel de vida digno.
Si a todo ello se suma la insistencia por calificar a los impuestos como la peor lacra económica que existe, reduciendo así los ingresos de la Administración, el resultado no es otro que permitir que el dinero público esté a libre disposición de los mercados, cuanto menos tenga la Administración, mucho mejor. Si además de los recortes y de esta transferencia de dinero, se privatizan los servicios como la Educación o la Sanidad (como está ocurriendo en Madrid y en Castilla-La Mancha) el resultado es precisamente ese brutal neoliberalismo al que me he referido.
Son de sobra conocidas las maravillosas bondades del mercado, el liberalismo económico solo le impone una ley: la Ley de la Oferta y la Demanda, por tanto, aquello que no tiene demanda o simplemente no es rentable, no se produce o no se ofrece. Bajo esta solidaria ley, si la cultura, la educación, la sanidad- no es rentable, pues no se ofrece, y si alguien quiere demandar esto, tiene que pagar el precio necesario para que sea rentable.
Desgraciadamente esto es lo que pretende conseguir el nuevo Gobierno del señor Monago, las pruebas son más que suficientes. Esperemos que Izquierda Unida no sea partícipe de este matrix económico e impida, como intentaremos hacer nosotros, que esto suceda.
De todo ello hay que llevarse algo positivo, la despolitización de la política no era más que un penoso farol mediático.
