SIEMPRE PAGAN LOS MISMOS

Hace no mucho tiempo un "compañero de pupitre" del presidente Aznar se paseaba por medio mundo alardeando de la potencia económica de una empresa que le había sido adjudicada por sus relaciones con el mencionado en un proceso de privatización todavía hoy no aclarado. El ínclito Villalonga se jactaba de presidir uno de los grupos empresariales más fuertes de nuestro país y, probablemente, de Iberoamérica. En plena efervescencia del poder, Villalonga se dedicó a controlar medios de comunicación: Antena 3, Vía Digital; portales de internet: Terra Lycos y todo lo que le sirviera a su compañero de pupitre para "controlar" la información que llega a los ciudadanos.

Durante mucho tiempo, los partidos políticos de la oposición, colectivos sociales y algunas voces críticas, cuestionaron el papel de Telefónica en los medios de comunicación, el control que desde el gobierno se ejercía sobre estos medios a través de la empresa expública y ya privatizada, y sobre todo, la opacidad financiera de todas estas operaciones.

Ahora, unos años después de aquel boom mediático de los amigos del inquilino de la Moncloa, Telefónica anuncia un expediente de regulación de empleo que pondrá en la calle a 15.000 trabajadores, lo que supone un 37% del total de la plantilla. Los caprichos de Aznar se han convertido en 15.000 despidos y su "compañero de pupitre", el de las stock options, vive tan ricamente en Miami.

Todos estos hechos merecen una reflexión muy seria. No sólo el proceso de privatizaciones emprendido por el PP ha sido opaco y cuestionable, poniendo en manos de amiguetes las mejores empresas públicas; sino que además se ha utilizado el poder económico de estas empresas para actuar a favor del gobierno en sectores como los medios de comunicación. No sólo se ha intentado usar el bien público en beneficio de unos pocos, colocando a los amiguetes en puestos de moqueta, buenos sueldos y contratos blindados (recordemos los puestos de Barrero o Hernández Sito), sino que además, apenas transcurridos unos años la mayoría de esas empresas comienzan a tener problemas y la solución, como siempre, despedir a los trabajadores.

Ahora resultará que ni Aznar ni el PP tendrán responsabilidad alguna con lo que pase en Telefónica (tampoco nos debemos olvidar del caso Sintel), o de lo que pase en Cetarsa o en las que vendrán a continuación. Como siempre, el problema será del mercado, de la competencia, de la falta de una regulación a la medida de estas empresas que eran públicas y que en estos años han estado gestionadas por los amigos de Aznar. 15.000 trabajadores a la calle y nadie tiene la culpa. Ya está bien, esto es una tomadura de pelo a todos los españoles y un auténtico drama para todas las familias de los trabajadores de empresas públicas que eran absolutamente rentables y solvente y que los caprichos de un presidente endiosado ha llevado a la ruina. Al final, los caprichos de la derecha los pagan siempre los mismos: los trabajadores.