La violencia machista no empieza ni acaba con la muerte de una mujer, 46 en este año, una cifra inferior a la media anual en la última década. No es un consuelo. Las 700 asesinadas desde que se empezaron a contar oficialmente en el 2003 son la evidencia de que hay mucho por hacer. Pese a ello, en los últimos años el presupuesto específico para combatir la violencia ha descendido, al tiempo que los recortes sociales y en sanidad y la subida de las tasas judiciales han incidido negativamente en ellas. A las mujeres no solo se les debe ofrecer amparo cuando son maltratadas sino que hay que garantizarles las opciones para salir de esa situación. Para evitar el camino de la exclusión, necesariamente deben existir partidas concretas en la lucha contra la violencia así como las derivadas en los diversos ministerios. Partidas al parecer secretas en los Presupuestos del 2014 por cuanto no se ha ejercido la transparencia para que la ciudadanía las conozca. De ahí que tanto la estrategia 2013-2016 anunciada a bombo a platillo por el Gobierno como su idea de derivar la atención de estas mujeres a las empobrecidas comunidades autónomas no reflejan empeño en afrontar este grave problema social. Desmantelar el apoyo de las organizaciones, ahorrar en campañas de sensibilización cuando el machismo se dispara entre los jóvenes y no marcar el combate contra esta lacra y paradigma de la desigualdad como prioridad es un error. No hay excusas para no prestarles la atención y el dinero debidos.
