La interposición de una querella por exaltación de la violencia terrorista y la quema de una bandera española es, legalmente, la consecuencia lógica de la manifestación proetarra que se vivió el domingo pasado en San Sebastián.
Esta decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional deja en entredicho a la fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, enmendando la plana a la Consejería de Interior, autorizaron esa convocatoria de una ciudadana políticamente anónima, Ainhoa Iñigo, bajo el lema No al apartheid, autodeterminación.
No siempre son claros los lindes para, preventivamente, prohibir una manifestación. Pero la iniciativa de la desconocida convocante no perseguía más que un fraude de ley para que la ilegal Batasuna, con Arnaldo Otegi a la cabeza, dejara constancia de que ahí sigue. Quizá el fiscal y los jueces del País Vasco erraron porque el Gobierno de Vitoria no les dio bazas argumentales suficientes. Pero dieron vía libre a la soflama etarra y ahora arrostran las críticas de pusilánimes por aplicar la letra de la ley a rajatabla sin saber interpretarla. La incompetencia suele ser la vía más segura de crear un conflicto allí donde no lo hay, y más cuando el brazo político de ETA está fuera de la ley.
