Una parte de la cosecha de tabaco y de otros cultivos la deberán los agricultores del norte extremeño al agua que les llega desde la presa de Navalcán, en Toledo. El pantano de Rosarito, del que se surten para regar, se encuentra al 5% de su capacidad y, de no ser por ese agua, el medio de vida de 2.000 agricultores estaría en peligro. Este hecho, por otro lado previsto ya por la Confederación del Tajo en el plan especial de alerta y eventual sequía, viene a ilustrar la discusión sobre los trasvases y la solidaridad hidráulica. Es cierto, se trata de la misma cuenca y de que la derivación del agua desde Navalcán a Rosarito no ha precisado de ninguna obra; ha bastado la naturaleza, en este caso aprovechar el cauce del río Guadyerbas. Pero lo verdaderamente importante en este asunto es que el agua es un bien público que hay que administrar no atendiendo a fronteras artificiales sino a necesidades sociales. Y que deben ser estas las que determinen los trasvases, sin condiciones apriorísticas. Por eso cabe exigir un estudio riguroso, que acometerá el Consejo Asesor del Agua, sobre si es posible o no trasvasar agua desde Valdecañas al Segura. Estudio que no es incompatible con que se acometan las demoradas obras de construcción de las presas de Monteagudo, Arenas de San Pedro y la Garganta, previstas en el Plan Hidrológico Nacional y que mejorarían la situación del Rosarito y de Valdecañas.
