La primera jornada de la prueba testifical en el juicio sobre el ‘procés’ no aportó grandes novedades, quizá porque los declarantes eran altos cargos políticos en el momento de los hechos y se limitaron a contestar con consideraciones políticas o intentaron eludir las respuestas con afirmaciones genéricas que no respondían exactamente a lo que se les preguntaba. Estas circunstancias hicieron que el presidente del tribunal interviniera más de lo que lo había hecho hasta ahora. La novedad más relevante fue la aportada por el ministro de Hacienda en el momento de los hechos, Cristóbal Montoro, sobre todo porque unas declaraciones suyas habían sido reiteradamente citadas en los medios independentistas para negar que se hubiese utilizado dinero público en el referéndum. Montoro reiteró ante el tribunal que el control del presupuesto y del gasto de la Generalitat era absoluto en los meses previos al 1-O, pero no descartó que se pudieran haber producido «engaños» para desviar dinero para la consulta. En este sentido, recordó que el ministerio había denunciado en varias ocasiones a la fiscalía presuntas irregularidades contables (Mariano Rajoy habló de nueve).

Las declaraciones de Rajoy y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fueron bastante parecidas. Los dos negaron que el 1-O se hubiera producido un referéndum y coincidieron en que se aplicó el artículo 155 de la Constitución y no el que regula el estado de sitio o de excepción para no lesionar derechos de los ciudadanos. La idea central de la declaración de Rajoy fue que si los dirigentes de la Generalitat hubieran hecho caso de las advertencias que les hizo y hubiesen respetado la ley, este juicio no se estaría celebrando. Y reiteró que su actuación estuvo presidida por la imposibilidad de dialogar sobre la quiebra del orden constitucional. Sáenz de Santamaría hizo de política y de abogada del Estado a la vez, avaló el relato de la fiscalía, especialmente cuando defendió la existencia de violencia en las movilizaciones independentistas --Rajoy se limitó a hablar de «acoso»-- y levantó un muro frente a las defensas.

Ambos dieron validez a la declaración de independencia, al contrario que el ‘expresident’ Artur Mas, quien, en línea con la mayoría de los procesados, la calificó de simbólica. Lamentablemente, el juicio no se libró del espectáculo cuando dos exdiputados de la CUP se negaron a responder a las preguntas de Vox y fueron invitados a abandonar la sala.