Aunque era previsible, el anuncio, ayer, de un nuevo aumento de la tarifa de la electricidad en octubre ratifica que el Gobierno carece de una política energética sólida y coherente y que sigue atrapado en el bucle que la propia Administración creó hace años con la instauración del llamado déficit tarifario. En síntesis, este sistema supone que el Estado asume como deuda con las empresas del sector la diferencia entre el coste real de la producción de electricidad y el precio que se cobra a los consumidores, que es inferior.
En estos momentos, esta deuda supera los 26.000 millones de euros, una cifra insostenible. Pero no menos insostenible es que, con el aumento tarifario del 3,1% de octubre, el incremento acumulado de la segunda mitad de este año sea de más del 7%. Las economías familiares españolas, muchas de ellas con un programa de subsistencia por la crisis, sufrirán el golpe, pero también las industrias, que verán incrementados los costes de producción precisamente cuando más necesario es consolidar la competitividad y las exportaciones, uno de los escasos puntos fuertes de nuestra economía.
Con el inminente aumento, de nuevo la sensación es que el Gobierno pone un parche que le permitirá prolongar un tiempo más el statu quo actual y posponer las bases de un nuevo modelo energético. Los intereses en el sector son muchos y encontrados, pero la importancia estratégica de la energía eléctrica debe llevar más pronto que tarde a un pacto de Estado realista y razonable.
