Subvenciones para los buques

Desde el 2002 el Gobierno ha ofrecido unas exenciones fiscales a la compra de buques que salen de los astilleros españoles que la Comisión Europea considera ilegales. De hecho, asegura que nunca fue informada por Madrid y que incluso cuando preguntó desde el Gobierno se dijo que no existían. Ante la insistencia de las denuncias de otros países, competencia en la industria naviera, la Comisaría de la Competencia ha concluido que esas ayudas existían y que, además, vulneraban la normativa.

El propio comisario ha señalado que existen otro tipo de mecanismos de apoyo ajustados a la ley que se podrían aplicar aquí, pero que España deberá reintegrar una cantidad a calcular por el Gobierno, que debería recuperar de quienes en su día se beneficiaron, que no son ni los armadores ni los astilleros. Además, el periodo a revisar abarca menos tiempo de anunciado, por lo que la cantidad final podría no llegar a los 2.000 millones. Los inversores --intermediarios entre compradores y constructores-- que eran quienes se beneficiaron del trato favorable para vender por debajo de tarifa, quizá interpongan demandas cuando Madrid les pida el reembolso. Y quizá también lo haga el Gobierno. Lo que queda claro, en cualquier caso, es que el mecanismo de subvención, de los que existen en muchos países, era demasiado burdo, y que al final la sangre no ha llegado al río porque, por una u otra razón, la Comisión ha terminado por dar un trato benevolente a España.