WEw l Gobierno tiene desde el 25 de julio la potestad reglamentaria de controlar las subvenciones concedidas por autonomías y corporaciones locales, de acuerdo con un reglamento que desarrolla una ley aprobada el 2003. El propósito del Gobierno es disponer cada trimestre de información detallada sobre las subvenciones convocadas y concedidas a fin de hacer un seguimiento del uso que de ellas se hace. La paradoja de que sea una Administración socialista la que aplique una ley aprobada por un Gobierno conservador, contra la que votó el PSOE, no es la única que se da en este caso. También lo es que en plena revisión de los estatutos se activen los resortes para fiscalizar una atribución importante de los gobiernos autonómicos.
Los partidarios de la medida razonan que la política de subvenciones --solo el Estado destina cada año 50.000 millones de euros de los presupuestos a este apartado-- ha sido con demasiada frecuencia poco transparente. No les falta razón a quienes así opinan, pero la fórmula de control elegida pone en tela de juicio la descentralización política y administrativa mediante un sistema promovido en su día por un partido --el PP-- que se ha caracterizado por desconfiar del Estado de las autonomías. Es primordial exigir a las administraciones la supervisión escrupulosa de las subvenciones, pero resulta bastante más discutible que la mejor vigilancia sea la centralización.
