WLw os príncipes de Asturias esperan a su segundo hijo, cuyo sexo se va a desconocer hasta el mes de mayo si aplican el mismo principio que antes del nacimiento de la infanta Leonor. Con el comunicado oficial del embarazo, más allá de las cuitas propias de la prensa del corazón, se recupera el debate de mayor calado político y jurídico. Quienes creían que Felipe y Letizia serían cautos ante una forzada cuestión de Estado sobre el sexo de la tercera persona en la línea de sucesión de la Corona, y esperarían a una reforma constitucional, se han equivocado. Cualquier polémica será legítima, pero en ningún caso podrá versar sobre la precisión de las leyes vigentes.

Si la gestación del nuevo infante llega a su fin yes varón, será Príncipe de Asturias cuando su padre, Felipe de Borbón, sea Rey. Si vuelve a ser mujer, la heredera seguirá siendo la primogénita Leonor. Es lo que establece la Constitución de 1978. Lo relevante es que este orden sucesorio se puede y debe cambiar para suprimir la preferencia del varón sobre la hembra. El Consejo de Estado ya ha propuesto una fórmula que acaba con esa discriminación, pero garantiza los derechos sucesorios del príncipe Felipe frente a sus hermanas mayores.

El Gobierno del Partido Socialista propuso acabarcon esa discriminación de sexo para acceder a la Corona después de Felipe, y que se tuviera en cuenta

únicamente la primogenitura. Pero como la Carta Magna blindó el capítulo referido a la Jefatura del Estado, cualquier modificación requiere el amplio consenso del Congreso y el Senado, seguida de la disolución de ambas cámaras y de un referendo sobre la nueva ley.

El coste político era tan alto que se previó unirlo a otras consultas de modificación constitucional más perentorias, como la conversión del Senado en cámara territorial autonómica, además de subsanar una ausencia, lógica, del texto del 78: citar por su nombre a las autonomías y aludir a la pertenencia de España a la Unión Europea.

El escaso interés del PP por estas otras reformas iba acompañado de su amenaza de combatirlas --como fórmula de desgaste-- en caso de que el Gobierno las formalizara a finales de la legislatura.

Pero, con su política de tierra quemada, el PP fuerza a que la reforma constitucional se circunscriba a la cuestión sucesoria, con el riesgo para la Monarquía de que el referendo se convierta en un plebiscito sobre la Corona. O eso o mantener el sexismo.