La Consejería de Empleo y las delegaciones de Trabajo de Cáceres y Badajoz ofrecieron ayer datos sobre el panorama de la economía sumergida en la región y el consiguiente fraude a la Seguridad Social que muestran, de un lado, la profundidad del deterioro del mercado de trabajo, y de otro, la pérdida de los derechos laborales que acarrea una situación de recesión económica como la que padecemos.
Las cifras son elocuentes: la contratación irregular detectada por los inspectores de trabajo ha crecido un 30% este año respecto del anterior; las sanciones debidas al fraude a la Seguridad Social por contratos irregulares llega a 1,3 millones, cifra que casi multiplica por dos a la del año pasado; los trabajadores que, como consecuencia de la inspecciones han pasado a situación legal duplican a los del año pasado, mientras el dinero negro que circula alcanza al 25% del PIB, cuando el año pasado eran dos puntos menos... La crisis sumerge a los trabajadores en el desempleo y corrompe las relaciones laborales, unas consecuencias que una economía desarrollada, a pesar de las circunstancias, como la española no debe permitir. Sin embargo, todo indica que los medios para combatir ese deterioro son decisivamente insuficientes. Si los inspectores de trabajo de la región por su escaso número solo tienen capacidad para velar por el cumplimiento de la legalidad laboral del 5% de las empresas, existe un páramo de impunidad en el mundo del trabajo en el que el Estado de Derecho tiene perdida la batalla.
