Cada cierto tiempo, el Observatorio para la Dependencia, elaborado por la Asociación estatal de directores y y gerentes de servicios sociales, analiza el cumplimiento de la Ley de Dependencia en las comunidades y les pone nota. Extremadura está entre las seis que suspende. Es cierto que la escala de valoración es arbitraria --y de ello se quejó ayer la consejera del ramo, María Jesús Mejuto-- y da la misma importancia a asuntos tan relevantes como el número de beneficiarios de las ayudas que marca la ley que a otros del tenor de si el parlamento autonómico de que se trate ha elaborado nuevas leyes sobre servicios sociales o no, pero salvados los dictámenes de la citada asociación, la Ley de Dependencia levantó unas expectativas que tres años después no se han visto refrendadas por la realidad. No ha habido creación significativa de puestos de trabajo (Extremadura es la comunidad que ha registrado menos altas en la Seguridad Social de cuidadores) ni se cumplen los plazos entre la evaluación de dependencia y el resultado de la misma y la percepción o no de la ayuda. Frente al voluntarista "tratamos de cumplir" los seis meses de plazo que la Junta se ha dado entre la evaluación y el dictamen se alzan casos concretos, como los que ayer contaba este diario, de personas con discapacidad intelectual que llevan más de dos años esperando que alguien les diga si tienen derecho o no a recibir ayudas. Acortar ese plazo es uno de los factores que hacen que la Ley de Dependencia se perciba como una norma que representa el cuarto pilar del Estado de Bienestar o como un intento de apuntalarlo que se queda a medias.
