Haciendo caso omiso de la recomendación del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, el Gobierno no aumentará drásticamente el precio del tabaco para lograr así una disminución del consumo. Una estrategia que se ha experimentado, con éxito, en Francia. En esta decisión no han pesado criterios de salud pública, sino el dictamen del Ministerio de Economía: la medida debe posponerse para evitar que la inflación se resienta. Es discutible que imponer un severo peaje sea el eje de la política de combate contra el tabaquismo, un hábito nocivo para los consumidores y ruinoso para la salud pública, ya que no sería equitativo y sólo tendría efecto sobre los niveles más bajos de renta. Aunque sí resultaría más razonable la propuesta de mínimos planteada por los expertos: un aumento del 10% en el precio, que podría ser suficiente para disuadir a gran parte de los 3.500 jóvenes españoles (casi 100 extremeños) que se incorporan al consumo de tabaco cada semana. Por último, dejar claro que nada tiene que ver la lucha contra el tabaquismo con la necesidad estratégica de seguir apoyando económica a los agricultores que viven de esta producción, asentada en zonas deprimidas de la UE. Recortando las ayudas a los tabaqueros no se ayuda a combatir el tabaquismo, por mucho que los lobis interesados del centro y norte de la UE intoxiquen con esta teoría.
