El sistema de inmigración en Estados Unidos está, como aseguró el presidente Barack Obama, "roto". La polémica ley del estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes sin papeles que debe entrar en vigor antes de fin de mes, y las iniciativas parecidas en otros estados, lo demuestran.
Para reparar el roto y cumplir por otra parte una promesa electoral, el presidente norteamericano se dispone a impulsar una reforma que tiene como eje central un doble objetivo, la integridad de las fronteras y la legalidad de la fuerza laboral.
Para ello, a diferencia de la citada ley de Arizona que aboga por la expulsión de los sin papeles en aquel estado, Obama propone la regularización de los 11 millones de personas en situación ilegal que hay en EEUU consideradas un activo necesario para el desarrollo del país.
El discurso con el que el presidente presentó su propuesta está lleno de buenas y muy necesarias intenciones, pero llega con bastante retraso y con un tufillo electoralista.
La inmigración era uno de los dosieres que Obama quería abordar el pasado año, el primero de su mandato. Lo hace ahora, cuando se aproxima la cita electoral de noviembre y el voto latino puede ser imprescindible en algunos estados. Tienen razón quienes aseguran que la apuesta presidencial, más que una propuesta legislativa es una estrategia política.
La mayoría de la población y de los legisladores se oponen a una regularización masiva que equiparan a una amnistía. Basándose en que se trata de personas que han quebrantado la ley, consideran la medida un premio intolerable. El apoyo del 57% de los ciudadanos a las medidas restrictivas e injustas de Arizona lo confirma.
En plena crisis económica, los 15 millones de estadounidenses en situación de paro constituyen otro argumento para oponerse a la regularización. Por todo ello, la reforma solo podría pasar en el Congreso con el acuerdo entre los dos partidos. Considerando su extrema polarización, es prácticamente imposible que esto ocurra en un futuro próximo.
Pese al oportunismo del momento, lo que tiene de bueno la propuesta sobre inmigración es la apertura del debate político. Lo malo será el uso partidista que unos y otros harán del mismo. Y lo contradictorio del todo es que tres de cada cuatro hijos de los inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.
