Fomentar el uso del dinero de plástico es un objetivo fijo de cajas y bancos, sin que se haya alcanzado el efecto de que a mayor número de consumidores, mejor amortización de las inversiones y, por lo tanto, contención de precios. Hasta ahora, todo lo contrario: cuantos más usuarios, más comisiones. El fenómeno tiene su reflejo en uno de los datos más reveladores del sector que se acaba de conocer: entre el 2005 y el 2006, el número de establecimientos comerciales que han de pagar por disponer de una terminal de pago con tarjeta --las TPV o bacaladeras-- se ha doblado. Ha sido el efecto inmediato de la imposición a la banca, tras años de litigio, de la reducción del porcentaje que cobraban a los comercios en cada compra pagada con tarjeta de crédito. Esta modesta introducción de la competencia entre entidades de crédito para captar a más clientela del pequeño comercio ha supuesto que muchos establecimientos hayan podido renegociar el alquiler de la TPV y establecer nuevas tasas en función del volumen de facturación. Eso sí, en zonas donde la competencia es alta y no hay mercados cautivos de una caja local.

Lo malo es que ha acabado pagando el usuario, que ha visto subir las comisiones por tenencia y uso de la tarjeta un 3,7% de media en el año. Y lo peor es que ese cargo puede aumentar más por la introducción de mayor seguridad en las tarjetas, que la UE quiere que sea obligatoria a partir del 2008, consistente en un pin personal que dificulta el uso en caso de robo. No puede ser que cajas y bancos, que son quienes más se benefician del uso de tarjetas, pretendan, además, cargar sobre el usuario las inversiones que han de hacer obligatoriamente.