Después del gran salto hacia el teletrabajo, imprevisto y empujado por la necesidad, que hicieron numerosas empresas y trabajadores el pasado marzo coincidiendo con el inicio del estado de alarma, la novedad inicial ha dado paso a una adaptación, un acostumbramiento, a esta modalidad de empleo que hasta antes de la pandemia era minoritaria en nuestra sociedad. Los últimos cuatro meses han ofrecido suficiente rodaje como para implantar nuevas rutinas en los sistemas productivos, y para identificar los pros y los contras. El debate sobre los efectos en la conciliación, en la salud y los derechos de los trabajadores, pero también en la sostenibilidad de las empresas, se vio desplazado debido a la emergencia sanitaria, pero no puede demorarse por más tiempo si, como nadie duda a estas alturas, el teletrabajo ha venido para quedarse. El anteproyecto de ley que prepara el Gobierno debe resolver estas cuestiones.
La nueva realidad ha dado pie, además, a fenómenos como el traslado del teletrabajo a las segundas residencias. Con la llegada del buen tiempo, el final del curso escolar y la amenaza de un nuevo confinamiento, son muchas las personas que han optado por conectar el ordenador en su casa de veraneo. Por un lado, este hecho es sintomático de hasta qué punto se ha normalizado el trabajo a distancia. Según cifras del INE, casi la mitad de las empresas españolas (el 48,8%) tienen parte de su plantillas trabajando en remoto, en triple que antes de la crisis del coronavirus. Por otro lado, sin embargo, trabajar desde las segundas residencias añade interrogantes a una situación cuyo marco legal está por definir. ¿Debe el empleado comunicar a su empresa su nueva ubicación? ¿Qué ocurre si la productividad baja debido a una peor conexión a internet en el segundo domicilio?
El teletrabajo solo es una alternativa válida cuando puede llevarse a cabo la misma actividad que se haría en el centro laboral, sin que ninguna de las partes (empleado y empleador) salga perjudicada con el cambio. Todo esto lleva a su necesaria regulación. El Gobierno es consciente de la urgencia de aclarar las condiciones en que debe desarrollarse el teletrabajo, y ya ha empezado a negociar con la patronal y los sindicatos el anteproyecto de ley que pretende aprobar cuanto antes. La disposición al diálogo y la sensación de que hay más puntos de acuerdo que de disenso entre los agentes sociales animan a pensar que pronto habrá una ley que adapte la normativa laboral a la nueva realidad. El teletrabajo puede aportar beneficios tanto a los trabajadores como a las empresas (ahorro de tiempo al evitar los desplazamientos, facilidad para flexibilizar horarios, lo que se traduce en una mejor productividad, etcétera). Mal enfocado, puede causar problemas de conciliación, estrés, pérdida de la cohesión del grupo... Se trata de que, sin menoscabar los derechos de los trabajadores ni causar un perjuicio económico a los empresarios, se sepan aprovechar las oportunidades que presenta esta nueva revolución tecnológica.
