WEwl informe del Ministerio de Trabajo sobre las inspecciones realizadas a las empresas de la región durante el año 2005 no las deja en muy buen lugar: el hecho de que un tercio de las inspecciones acabe con sanciones por irregularidades y de que la cuantía de las multas impuestas haya quintuplicado a la del año anterior, pinta un panorama que no es nada favorecedor. Tampoco lo es el hecho de que hayan aumentado, hasta una 40%, las infracciones que específicamente persiguen la siniestralidad laboral, por otro lado creciente en todo sus grados, desde los accidentes leves a los mortales. Un aspecto más de los publicados por este periódico y recogido del informe ministerial mencionado resulta también preocupante: la relación que hay entre las irregularidades laborales y la temporalidad. Los empleos temporales son, evidentemente, legales: la legislación contempla una amplia variedad de trabajos a tiempo parcial, pero del análisis de los datos se deduce, y también de los informes de los propios sindicatos --el último, de CCOO, cifraba en 54.000 empleos que tenían que ser fijos eran, en la práctica, eventuales-- que muchos no cumplen la legalidad y que sustituyen puestos estables. Más del 90% de los empleos que se crean en la región son temporales. ¿Cuántos tendrían que ser, por su naturaleza, fijos?
