Actualmente nos encontramos en un cruce de caminos inusualmente curioso. Por un lado, el paradigma de la política económica neoliberal abanderada por los gobiernos más influyentes desde los años 80. De otro, ante el derrumbe del sistema financiero americano, han sido muchas las voces que han enaltecido las ideas keynesianas y la necesidad de aplicar políticas de demanda agregada para impedir caer en una recesión. La solución intermedia, el Sistema Mixto de Mercado, ha dado lugar a un desarrollo del nivel de vida de la población inalcanzable en ninguna otra época histórica. Por consiguiente, tan incongruentes y dañinos han demostrado ser los intentos de acercarse a un mercado de capitalismo puro, como los caducos sueños inspirados por caciques ignorantes de convertir países prósperos en reductos de un comunismo demagógico y represivo.
Así, una tercera vía se abre paso con recomendaciones basadas en el aprendizaje previo y la asepsia ideológica. No siempre es positivo privatizar las empresas públicas, ni la eficiencia administrativa es mayor bajo la tutela privada. Muestra de ello serían la gestión de algunos hospitales españoles o el ferrocarril inglés, que no se caracterizan precisamente por su óptimo funcionamiento. Por otro lado, la deslocalización empresarial no tiene por qué suponer una pérdida de empleo, si se negocia de manera conveniente la permanencia dentro de nuestras fronteras de aquellas inversiones de mayor valor añadido.
X¿ES IMPRESCINDIBLEx flexibilizar el mercado laboral para generar empleo? Si esa flexibilización se dirige a reducir en términos de costes la adaptación a los cambios en la productividad y los salarios, sea bienvenida. Pero eliminar la rigidez excesiva del sistema de negociación colectiva, por ejemplo, no debe traducirse en un detrimento de los derechos de los asalariados que son fruto de una larga conquista social.
En cuanto al gasto público, no puede ser condenable el intento de nuestro ejecutivo de incrementar ciertas partidas encaminadas a salvaguardar sectores estratégicos. No obstante, no es creíble en el medio plazo que algunas medidas improvisadas como el Plan E incrementen el empleo, endeudándonos ilógicamente. Ningún gobierno ha apostado con firmeza por aumentar los fondos a la I+D y la sostenibilidad medioambiental. Y no lo han hecho porque los políticos también buscan su máxima satisfacción o utilidad que pasa por ser reelegidos en las próximas elecciones y no por poner en marcha actuaciones que no son fácilmente ejecutables. Por ello, hemos perdido competitividad en algunos ámbitos productivos. Tal ha sido el caso de los astilleros: Corea del Sur es capaz de fabricar barcos mucho más baratos y tecnológicamente mejor equipados que los que podemos hacer aquí; ha sido su recompensa a la colaboración directa entre las universidades y la industria naval. En cuanto a las políticas ambientales, las iniciativas son muy escasas y de alcance limitado. Siendo líderes en la producción de energía eólica, no hay compromisos sólidos que establezcan el descenso de las emisiones en el sector que más gases emite: el del transporte. ¿Cómo llegaremos a cumplir los compromisos de Kyoto? La mayor parte de las iniciativas ecológicas que encontramos responden a propuestas espontáneas y no a una obligatoriedad legal.
No podemos olvidar que la intervención estatal se vincula con un sistema impositivo coherente. Es difícil serlo si se estima adecuada la subida del IVA (un impuesto proporcional, pero regresivo en la práctica y que maquillará la tasa de inflación) o abolición del Impuesto del Patrimonio. Tampoco se considera popular el ajuste del IRPF, pero si queremos ser equitativos, siempre es preferible gravar mediante este instrumento a las rentas más altas, que a las clases medias.
Respecto a la política monetaria nuestra operatividad está limitada a las decisiones del BCE, a pesar de ello, algunas ayudas como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deben exigir a las entidades financieras receptoras, el compromiso de la máxima transparencia y austeridad en su administración. Asimismo, España debería aprovechar su presidencia en la UE para influir en la adopción de medidas monetarias que sean apropiadas a nuestra situación macroeconómica, impulsando la imagen de un país atractivo para la inversión foránea. Ante la amplitud hacia el Este y el descenso de los fondos recibidos, no podemos consolarnos con la autocomplacencia de ser el miembro que más y mejores políticas sociales lidera.
En definitiva, si queremos convertirnos en una nación con una tasa de desempleo de un dígito, las políticas a aplicar no serán fáciles, ni tendrán efectos hasta el largo plazo y pasarán por convencernos de que la combinación de mercado y Estado, es el mejor camino posible.
*Presidente de la Asociación de
Profesores de Economía de Extremadura.
