La suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, la más grande de España en activos y suelo, es consecuencia de la crisis general del sector, pero también de la exagerada voracidad de unos empresarios que, al parecer, desconocen el carácter cíclico de la economía. Porque los problemas de la compañía de Fernando Martín arrancan de la adquisición de Fadesa en el 2006 por más de 2.200 millones de euros, una cantidad que obligó a Martinsa a un endeudamiento de 5.000 millones. Devolver esa deuda en un momento de bajada de los precios de las viviendas y de cierre del grifo del crédito ha resultado imposible.
La pregunta ahora es quién pagará los platos rotos. De momento, la bolsa española ya se ha resentido, con pérdidas sustanciales en las empresas del sector y en el Banco Popular, una de las entidades financieras --las otras son cajas de ahorro, que no cotizan en bolsa-- que prestó dinero a Martinsa. El Popular y las cajas acreedoras anunciaron fuertes provisiones ante el riesgo evidente de que no recuperarán todas la cantidades prestadas. Pero también pueden sufrir trastornos los particulares que están pagando pisos no entregados. La ley obliga a terminar esas viviendas, pero la espera puede ser larga. Ante ese panorama, el Gobierno ha decidido quedarse al margen, y en ello coincide con la postura del PP. De hecho, el Instituto de Crédito Oficial se negó a prestar los 150 millones que 45 entidades acreedoras reclamaban de inmediato. Pero el Gobierno está obligado, dada la envergadura del concurso de acreedores, a vigilar todo el proceso en beneficio de los consumidores y de los trabajadores de la compañía.
