WLw a orden de captura internacional emitida por un juez argentino contra la expresidenta María Estela Martínez, viuda del general Perón, residente en Madrid, por su presunta implicación en la desaparición de un joven, desentierra de la memoria la corte de los milagros que ostentó el poder en Argentina antes del golpe militar. De forma más precisa, confirma que la dictadura y su secuela de muertos y desaparecidos --no menos de 30.000--, fue la consecuencia poco menos que lógica de la locura represiva desencadenada: de los escuadrones de la muerte de la Triple A a la persecución de la izquierda peronista por la derecha del mismo partido; del sindicalismo con pistolas a la libertad de movimientos de la que disfrutaron personajes de siniestro recuerdo como los ministros José López Rega, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero. Nada de cuanto sucedió en aquellos años de pesadilla se hizo a espaldas de la señora, y pocas dudas hay de que el golpe fue fruto de un pacto del poder civil --corrompido y ensangrentado-- con los militares. Ninguno de los actores políticos de entonces discutió nunca que el cuartelazo contó con el beneplácito presidencial. La coincidencia fue absoluta, desde el general Lanusse, que hizo posible el regreso de Perón después de la breve presidencia de Cámpora, a Sábato. Solo la peculiaridad de la transición argentina explica que los jueces, hasta la fecha, hayan fijado su atención en el Ejército para castigar las tropelías del pasado. Pero la responsabilidad del peronismo en consentir o favorecer el terror no fue una exclusiva de la presidenta. De ahí que cunda el nerviosismo en el peronismo de hoy, porque en sus filas encontraron cobijo muchos matarifes.
