La trama de corrupción montada en torno al empresario Francisco Correa --actualmente en prisión-- ha alcanzado al corazón del Partido Popular, con sede en la calle de Génova, en Madrid. El escrito en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) explicando sus actuaciones en este caso señala con notable precisión que el tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote recibieron 1.353.000 y 652.310 euros, respectivamente, por concesiones políticas de negocios a empresas que se movían en el entorno de Correa. Y añade el auto que esos datos salen de detalladas investigaciones policiales a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). Es decir, que el caso investigado por el polémico juez es de más altos vuelos de lo que se pensaba en principio puesto que no se queda en corruptelas de algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid o en una chusca ramificación valenciana --los trajes del presidente Francisco Camps--, sino que alcanza, y lo hace además de manera contundente, al responsable de las cuentas del partido con más militantes de España.

La reacción del PP no se ha salido del carril transitado en la mayoría de los casos en que los partidos se ven salpicados por investigaciones de corrupción: cierre de filas con los implicados principales, como ya ocurriera con Camps, y consiguientes ataques al juez instructor de la causa. Ahora que Garzón desaparece de la escena en este caso, tendremos la magnífica oportunidad de ver si las conclusiones a las que ha llegado el magistrado son compartidas por otros tribunales. Porque, dada la condición de aforados de algunos de los imputados, quedan pocas dudas de que el caso acabe en el Tribunal Supremo.

Pero en cualquier caso y dadas las circunstancias, no es Garzón a quien se somete a prueba en este asunto por mucho que lo pretendan los imputados, sino a Mariano Rajoy. El presidente del PP, que una vez más atisba la posibilidad de llegar a la Moncloa dado el evidente desgaste al que se ve sometido el Gobierno socialista por la crisis económica, puede tropezar ahora en la piedra de la corrupción. Muchos ciudadanos dispuestos a votar una alternancia en el Gobierno no entenderán que importantes cargos del PP, y el de tesorero lo es sin duda, sigan en sus puestos mientras son investigados por asociación ilícita, cohecho, blanqueo de dinero y delitos contra la Administración pública. Si Rajoy tiene colaboradores que han participado en operaciones corruptas debe apartarlos inmediatamente. Si, además, ha habido financiación irregular del partido --algo que Garzón no dice-- debe tomar medidas aún más severas si no quiere sufrir su tercer fracaso.