Es sabido que la palabra crisis en el original griego significa tanto como momento crítico, y momento, por eso mismo, de oportunidad. Todas las celebraciones del éxito del modelo autonómico español no han ocultado la realidad de un sistema en constante crisis, aunque de la crisis solo se subraye el aspecto negativo: no termina de funcionar como es debido. Para unos, por falta de suficiente descentralización política; para otros, por falta de cohesión del conjunto.

De nuevo se encuentra el sistema autonómico ante una crisis, y, por ello, ante unte una nueva oportunidad. El presidente del PNV ha afirmado que ante la hipótesis de un no del Tribunal Constitucional a la consulta de Juan José Ibarretxe, su partido va a acatar la decisión y no va a optar por las vías de la desobediencia civil, aunque no les gusten las normas del sistema de las que se deduzca el no.

Pero ese disgusto con elementos del sistema no le lleva a renunciar al poder autonómico, que solo tiene sentido y legitimidad dentro y desde el sistema que disgusta. La pregunta que antes o más tarde tendrá que formularse el PNV y responder con claridad es cuál es su posición ante el sistema como conjunto, si se trata de una posición afirmativa o negativa, porque a la larga ningún sistema ni ninguna de sus partes pueden seguir vigentes en la condicionalidad permanente. No se puede estar a las duras --quiero el poder que me otorga el Estado autonómico--, pero no a las maduras --no me gustan las consecuencias de los sistemas de arbitraje previstos en él.

El PNV debe saber que ya no es cuestión de moderación y pragmatismo contra radicalidad. Las ambigüedades típicas y connaturales al nacionalismo han sido aceptables mientras el sistema no poseía legitimación alguna. Pero el Estado autonómico español es un Estado de derecho y democrático, sin déficit estructural alguno, lo que no significa que no tenga imperfecciones. Y la razón de la legitimidad democrática del Estado autonómico ante el que el PNV se tiene que decidir como ante un conjunto es, en lo que a los ciudadanos vascos se refiere, el pluralismo y la complejidad de la sociedad vasca, su carencia de homogeneidad en el sentimiento de pertenencia nacional --lo cual implica un valor y una riqueza democrática.

Otro flanco de crisis del Estado autonómico es el que está abierto en estos momentos por la cuestión de la financiación autonómica. Este frente se nutre de dos raíces: las previsiones del nuevo Estatuto catalán y sus fechas, por un lado, y las necesidades objetivas de financiación de las autonomías, por el otro.

En algún momento, España, como sistema autonómico, tendrá que llegar a un punto de equilibrio en el que caben algunos retoques, pero que básicamente está cerrado. Pero el cierre se encuentra con un doble problema: se han ido aprobando nuevos estatutos de autonomía que prevén distintos parámetros sobre los que calcular la financiación. Y, en algunos casos, especialmente el catalán, se ha normativizado estatutariamente la relación bilateral entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, como el lugar de la negociación de la financiación.

Al hilo de esta bilateralidad se deben entender algunas manifestaciones de líderes del PSC que, de otra manera, suenan peligrosamente antidemocráticas: la cuestión de la financiación no es una cuestión de dinero, sino de recursos para hacer frente a los servicios debidos a los ciudadanos, y es una cuestión que no debe estar sometida al debate parlamentario.

Esta manera de plantear la cuestión de la financiación autonómica deriva en dos problemas graves para el sistema autonómico, aunque muchas veces se perciba sólo uno de los problemas. El bilateralismo, la negación del multilateralismo, pone en peligro la cohesión del sistema. El bilateralismo es más propio de un sistema confederal, donde lo importante es cada parte en sí misma, y el conjunto solo vale mientras sirva a alguna determinada función concreta.

Pero el bilateralismo --cada autonomía con el Gobierno central-- hace que al final éste, el Gobierno central se convierta en el árbitro, refuerce su posición, porque es el único que sabe y conoce las claves del funcionamiento del conjunto fragmentado en sus bilateralidades. Se obtiene así un sistema fragmentado, por un lado, y una centralización agudizada por hacer del Gobierno central único conocedor de los misterios que permiten funcionar al sistema.

Debiera ser voluntad de todos evitar esta nueva centralización buscando el reforzamiento de la representación del conjunto del sistema a través de una reforma federal del Estado autonómico por medio de una reforma del Senado. Esa es la oportunidad. Porque de la defensa de los ciudadanos se preocupan sus gobiernos autonómicos pero también el Congreso, el Gobierno central, y lo haría de forma muy clara un Senado que fuera la representación como conjunto de la pluralidad territorial del Estado.

No estaría mal que en el fragor de los debates territoriales se escucharan también voces que propusieran la consolidación del sistema como conjunto, y que las voces provinieran de las autonomías. El debate sería menos crispado.

*Presidente de la asociación Aldaketa.