Si las instituciones, incluido el poder Judicial y el Legislativo no hacen cumplir la ley con todas las consecuencias en igualdad de condiciones, contra cualquier persona física, o grupo de poder ya sea el judicial o el ejecutivo, incluidos los partidos políticos que nos representan, los ciudadanos perderemos toda credibilidad en la democracia y en las instituciones de nuestro Estado de Derecho.
Como dice la vicepresidente del Gobierno, tolerancia cero a cualquier tipo de corrupción llámese inmobiliaria, información privilegiada, fraudes o sobornos. España tiene que desterrar para siempre la cultura del pelotazo de los últimos tiempos para que los ciudadanos recuperen la credibilidad de las instituciones del Estado.
Los escándalos del Ayuntamiento de Marbella han destapado la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de nuestra joven democracia. En el pasado los escándalos de corrupción se basaban en informaciones privilegiadas de algunos sectores, que la mayoría de las veces no salían a la luz pública por la censura que imperaba en aquellos tiempos de la dictadura.
Los partidos políticos tienen que actuar sin contemplaciones cuando uno de sus compañeros es cogido con las manos en la masa de la corrupción.
Todo militante de un partido político que se embarre en cualquier tipo de corrupción, tiene que ser expulsado y desenmascarado por su propio partido si se demuestra que se ha aprovechado de su condición política para enriquecerse.
En cuanto a la justicia, no sólo debe ser el símbolo de la ley, sino ejercerla también contra cualquier miembro de ese colectivo que no cumpla con el deber para el que ha sido elegido. La justicia de los jueces debe ser única y neutral, la dicte un juez conservador o progresista, mientras existan contradicciones debido a su tendencia ideológica, los ciudadanos dejaremos de creer en la justicia de los jueces.
Joaquín García Mayo **
Alburquerque
