TDtesde el 11 de septiembre de 2001, derechos fundamentales, como el derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, están siendo conculcados en muchos países en aras de la lucha antiterrorista, con detenciones ilegales de presuntos implicados en actos de terrorismo, o para conseguir información a toda costa. Políticos de diversos países han utilizado la amenaza de atentados terroristas devastadores como pretexto para justificar técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que constituyen tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional. Los argumentos sobre la necesidad de proteger la seguridad nacional deteniendo a personas a las que se considera una amenaza en aplicación de medidas excepcionales han ganado adeptos y se han revitalizado. Por otro lado, los gobiernos recurren cada vez más al uso de "garantías diplomáticas" para burlar la prohibición de devolver a personas a países donde pueden ser sometidas a tortura y otras violaciones de derechos humanos.
En esta guerra contra el terror , gobiernos de todo el mundo se han visto implicados en formas de detención ilegítimas --desde albergar centros de detención secreta hasta permitir transferencias secretas de detenidos a través de su territorio, pasando por la participación activa en secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos contra personas presuntamente implicadas en actividades de terrorismo. La bahía de Guantánamo y el programa de entregas extraordinarias y detención secreta de Estados Unidos se han convertido en los ejemplos más conocidos de las prácticas de detención ilegítimas adoptadas en el marco de la guerra contra el terror .
Algunos gobiernos europeos han sido cómplices en el programa estadounidense de entregas extraordinarias y detención secreta, y otros no han investigado adecuadamente el uso de su territorio y de su espacio aéreo y la posible implicación de sus propios agentes. Apenas se ha hecho nada para obligar a las personas responsables a rendir cuentas. Los Estados han esgrimido los argumentos de "secreto de Estado" y "seguridad nacional" para dificultar la divulgación de los hechos, y las víctimas de las entregas no han recibido reparación. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la respuesta que dio en enero de 2008 a las recomendaciones formuladas por la Asamblea Parlamentaria en 2007, aceptaba la responsabilidad de los Estados europeos de investigar y procesar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, no condenaba claramente las prácticas de entrega y detención secreta, no planteaba motivos de preocupación sobre la complicidad o la inacción de los Estados miembros del Consejo de Europa ni acordaba emprender acciones preventivas, como la elaboración de nuevas normas. Ayer se celebró el Día Internacional contra la Tortura. Los ciudadanos queremos un mundo más seguro, pero la seguridad de las personas no debe ser motivo de un aumento de tratos crueles o degradantes. Mientras estos existan, nadie está exento de padecerlos alguna vez. Debemos exigir a las autoridades el respeto de los derechos humanos, entre los que se encuentra el no ser sometido a tortura, bajo ningún concepto.
*Miembro del grupo local de AI en Badajoz.
