Las pruebas de que las torturas de prisioneros en Irak son el producto de una política de endurecimiento de los interrogatorios decidida en los más altos escalones del Pentágono y de la CIA parecen concluyentes. A medida que avanzan las indagaciones, queda más y más claro que la cúpula del espionaje militar impartió órdenes de recurrir a métodos extremos para sonsacar información de los presos, ante el recrudecimiento de la resistencia iraquí y la incapacidad del Ejército para garantizar la seguridad en el territorio ocupado. La última denuncia de la Cruz Roja sobre el centenar de "detenidos de alto valor" que están sometidos a condiciones inhumanas en un complejo --Camp Cropper, junto al aeropuerto de Bagdad-- que ni siquiera depende del alto mando militar de EEUU en Irak, sino que está bajo el control directo de Washington, muestra la hipocresía de los intentos de convertir en chivos expiatorios del escándalo de las torturas a unos pocos soldados y suboficiales.
El asesinato ayer del presidente de turno del Consejo de Gobierno iraquí solamente abunda en la demostración de que esta guerra ha causado una absoluta catástrofe humana, política y social. Y los responsables deben rendir cuentas por ello.
