El tráfico de niños durante el franquismo y en los primeros años de la democracia ha llegado hasta la justicia, con la denuncia que la asociación Anadir presentó el jueves ante la Fiscalía General del Estado. Las cifras del caso son espeluznantes: 200.000 adopciones irregulares entre 1950 y 1990, según el presidente de la asociación, con pagos de 50.000 pesetas por bebé en los primeros años y de un millón en los últimos. Aunque la cifra de casos pueda quizá ser menor, un auto del juez Garzón situaba ya en 30.000 el número de niños arrebatados a sus madres durante la dictadura, en este caso para alejarlos de la ideología republicana de sus familias y entregarlos a vencedores de la guerra civil. Después, este mercado negro derivó en el puro tráfico comercial, en el que se conjugaban seguramente las carencias de unos y las necesidades de otros. Los casos son, pues, distintos y por eso no es desacertada la decisión de la Fiscalía del Estado de investigarlos uno por uno, aunque no hubiera estado de más que Conde Pumpido hubiese recibido a los representantes de Anadir, que presentaron una demanda colectiva por 261 casos. Más que robos en sentido estricto, en muchos casos pudo tratarse de adopciones irregulares, y la prueba es que el negocio cesó cuando en 1987 una ley acabó con la indefinición y el descontrol anteriores. Pero, sea como sea, las familias de los afectados tienen razón en pedir que se investigue hasta el final, para saber qué pasó y por qué se permitió. Esa es la labor de la justicia.
