Uno de los principales caballos de batalla de José Luís Martínez-Almeida en la campaña electoral por la alcaldía de Madrid fue la derogación de Madrid Central, el plan del gobierno municipal de Manuela Carmena para hacer frente a la contaminación atmosférica en el núcleo de la capital. Una vez alcalde, el líder del PP, con el apoyo de Vox y Cs, puso en marcha un intento de moratoria de las multas incoadas y prometió «revisar el plan», un eufemismo forzado por la amenaza de sanciones de Europa y la evidencia de que la iniciativa ha sido altamente efectiva en el recorte de emisiones de NO2. Martínez-Almeida presentó el lunes su alternativa, Madrid 360. Según el alcalde, a pesar de que permitirá que vehículos contaminantes accedan a las zonas que antes tenían vetadas, favorecerá la afluencia de estos vehículos con tarifas de aparcamiento más baratas, incentivará el uso de motos aunque sean de combustión y suprimirá carriles bicis que «entorpezcan» el tráfico de vehículos privados de motor, las emisiones se reducirán aún más que con el plan vigente. No parece muy convincente.
La adaptación a la emergencia ambiental exigirá medidas de las administraciones y compromisos de los ciudadanos. Habrá quien no los sepa entender, o que tal vez resulte damnificado por ellos. Defender la necesidad de esta transformación, hacer la pedagogía imprescindible y emprender las iniciativas para evitar que acarreen nuevas situaciones de desigualdad es la labor de cualquier gobernante responsable. De izquierdas o derechas. Alimentar el descontento y complacerlo con medidas regresivas es algo que se debería esperar del populismo más inconsciente e irresponsable, con el que ha decidido alinearse el nuevo alcalde de Madrid.
