Tiene poco misterio la estrategia del Gobierno cuando recuerda que Educación y Sanidad son competencias de las comunidades autónomas. Lo recuerda ahora que hay que volver a institutos, universidades y colegios, pero también ahora que los datos epidémicos alertan de un nuevo periodo de contagios, además o aparte de los casos que surjan de aulas, campus, etc. Se trata de quitarse de en medio en la gestión de la crisis sanitaria -escarmentado del protagonismo del mando único- dejando que cada gobierno autonómico gestione la propia. Es decir: no 17 comunidades pendientes de lo que haga el Gobierno, actuando según un criterio común, sino el Gobierno pendiente de lo que cada comunidad haga, supervisando. Los resultados ya no serán resultados de la gestión del Gobierno, sino que el Gobierno examinará -en las dos acepciones- la gestión de cada una, de manera que Madrid, por ejemplo, deba responder de sus cifras -malas- como Asturias responde de los suyas, buenas. Y lo mismo cabe decir -de paso- de la gestión educativa, donde la inhibición del Gobierno explica la ausencia de la ministra de Educación, que no parece conocer el terreno que pisa –“La gimnasia será sin público”-, así como la desaparición del ministro de Universidades, que ve la situación como a bordo del Titanic: “Hay que sobrevivir como podamos”. Para qué, en efecto, qué falta iban a hacer, si también para Educación, recuérdese, cada comunidad tiene su consejero.
Tal vez sea una hipótesis absurda, esta de que el Gobierno use la descentralización de competencias para eludir la responsabilidad. Pero solo así se explica que el presidente del Gobierno alerte de la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid. No el ministro de Sanidad, no el director de Emergencias, sino el presidente. Véase: «Nos preocupa la epidemia y la salud pública de Madrid». No es que Valencia o Extremadura o Castilla La Mancha le preocupen menos. Es que la transferencia de la responsabilidad debía empezar por donde más pecado político hay -y, no por casualidad, también más contagios y fallecimientos-, o sea, Madrid. Y no debía, no podía anunciarla el ministro de Sanidad o la portavoz del Gobierno. Las declaraciones graves debe hacerlas el presidente. Y para evitar la sospecha de que la declaración se entendiera solo como un ataque político, sin ningún fundamento para la preocupación, el día anterior se dio a conocer el parecer de una autoridad sanitaria, Fernando Simón, que dijo: «Una gran parte de los diagnósticos y muertes se deben a una comunidad autónoma: la de Madrid», fundamentando así la preocupación del presidente y legitimando la estrategia del Gobierno. H
