Hay un componente individual, determinante en el caso de Benidorm (responde al nombre de José Bañuls , el ya exmilitante del PP que le acaba de dar la alcaldía al PSOE). Es el llamado factor humano. Un componente que no reconoce fronteras políticas. Y además, imposible de regular desde el BOE.

Pero también hay elementos institucionales cuya regulación legal favorece el fenómeno. El fundamental es la falta de un vínculo directo entre el elector y el elegido. El vínculo es indirecto, a través de los partidos. Los concejales o los diputados son los que eligen a los gobernantes: alcaldes y jefes de gobierno central o autonómico. Unos y otros deben su asiento al partido que les incluyó en una lista cerrada. Sin embargo, pueden hacer de su capa un sayo una vez que reciben el acta. El Constitucional lo ha dicho muy claro: el escaño es del electo, no del partido.

Quedamos, pues, en que el deshonor en la condición humana no reconoce fronteras políticas. Lo mismo afecta a un militante del PP que a uno del PSOE. Si ahora ha sido Benidorm, luego será Silleda (Pontevedra). Y si echamos la vista atrás tendremos ejemplos para dar y tomar en uno y otro partido.

Si no hablamos de otros partidos es porque son los grandes los que firmaron en febrero de 2006 el famoso pacto antitransfuguismo por el que se comprometían a no hacerles el juego a estos personajillos. Acogidos al beneficio institucional de un acta de concejal personal, inviolable e intransferible, se ofrecen al mejor postor para sustituir al alcalde de un partido por el candidato de otro a cambio de favores mucho más valiosos que un plato de lentejas. Luego sus máximos dirigentes se rasgan las vestiduras y dicen con la boca pequeña que actuarán en consecuencia. Finalmente la tropelía se consuma y aquí no ha pasado nada.

Por mucho caos que reinase en el Ayuntamiento de Benidorm, según reza la coartada de los socialistas, beneficiados esta vez, el transfuguismo es aberrante como herramienta para enderezar una gestión supuestamente nociva.