TEtl Congreso de los Diputados ha aprobado la denominada Ley de Transparencia, una ley que no es novedosa por cuanto que ya existen muchas otras similares en el resto de países de nuestro entorno. Esta nueva ley viene a poner el foco en publicitar todo aquello que tiene que ver con las actuaciones de las administraciones públicas respecto a los ciudadanos.

Sin entrar a analizar su articulado de forma pormenorizada constituye toda una nueva filosofía respecto a lo necesario que siempre es, y más en democracia asumir la corresponsabilidad del ejercicio del servicio público. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo gestionan los recursos públicos y se toman las decisiones que día a día marcan y nos posicionan en nuestra vida diaria. El oscurantismo sigue siendo hoy en día la mayor lacra en el funcionamiento de cualquier administración pública. Y si tenemos en cuenta el uso de las nuevas tecnologías para facilitar ese conocimiento a los ciudadanos, razón de más para con luz y taquígrafos todos tengamos derecho a saber cómo se toman y de qué manera las decisiones que influyen en el devenir colectivo de un país, Y, al mismo tiempo, nos obliga a los ciudadanos a preocuparnos por querer saber más y mejor cómo aquello que deciden nuestros representantes de las diferentes instituciones se ha llevado a cabo.

Nos obliga, también, a un ejercicio de participación respecto a una manera más crítica de actuar cuando afectan a nuestros propios intereses. A considerar, en definitiva, que la vida pública no sólo se conforma con el mecanismo burocrático, sino, esencialmente, con nuestra activa participación denunciando y apelando a nuestro derecho y obligación en denunciar aquello que afecta a los intereses generales.

Es el sentido colectivo de la cosa pública que define cualquier sociedad que se presume democrática. Tiene, por tanto, mucho que ver con romper con comportamientos también incívicos, respecto a minimizar la quiebra de lo público, cuando nos beneficiaba individualmente, y perjudicaba colectivamente.

XAHORA,x una vez, ya aprobada toca la entrada en vigor, y el cumplimiento de la misma. En este país, a veces, nos ha obsesionado más coleccionar leyes que obedecerlas; especialmente, si entrañan obligaciones. Esta, básicamente, supone otorgarnos instrumentos de transparencia para exigir responsabilidades en relación a una mala gestión o una mala praxis. Y esto significa entrenar al siempre vetusto mecanismo de las administraciones públicas para clarificar y focalizar su forma de gobernar. Ya no vale ampararse en la expresión: son trámites administrativos, y toca esperar.

Esta respuesta ya no sirve, y además hay que exigir una explicación al uso. Pero para que esta legislación sea efectiva necesita mecanismos e instrumentos fáciles y ágiles que nos permitan poder analizar si se es transparente. Esto es, hay que instrumentalizar una especie de espejo capaz de irradiar en tiempo real cómo se está gestionando para saber con exactitud si aquella decisión gubernativa, subvención pública o cargo público se está ajustando a lo que la legalidad demanda.

Esto es, se ha creado la fórmula para ser transparente, pero tenemos que tener el método para hacerla posible. Y la clave, pues, no es tanto ser transparente como ofrecer un ojo público, tan cristalino que si se actúa contra los intereses generales se puede denunciar de forma inmediata. Y ante ese comportamiento irregular expulsar a quiénes lo llevan a cabo y hacerlo bajo el sistema de incompatibilidades. Porque una ley en papel, y la propia sociedad, a veces, parece aguantarlo todo, por eso toca ya reprobar y --hacerlo unánimemente-- comportamientos de aquellos que malversan la forma de actuar de la cosa pública, en detrimento del interés general.

Es la idea contenida en el hecho de que el dinero público no pertenece a nadie, y la gestión de lo público no tiene consecuencias, cuando no es cierto; y más, si como parece haberse asentado hay demasiados deambulando en el filo de la ilegalidad, enriqueciéndose a costa de ese dinero que dice no pertenecer a nadie, pero que es el que sustenta lo mucho o poco del denominado estado del bienestar.