La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el acuerdo para prorrogar los ertes que mantienen bajo el paraguas de las prestaciones públicas pero con su contrato laboral vigente a millones de potenciales parados en la mano, comentó ayer: «Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo». Un «nos» que incluye a gran parte del sistema de partidos español, al que le cuesta poner las grandes necesidades del país, incluso en una hora de zozobra, por delante de sus intereses electoralistas o equilibrios internos. Y eso que ayer no fue, precisamente, ninguna de las jornadas parlamentariamente más lamentables de las que hemos sufrido desde la declaración del estado de alarma. Más bien al contrario. La convalidación del decreto que regula la situación, excepcional pero no sometida a las restricciones del estado de alarma, que se ha venido a denominar «nueva normalidad» fue aprobada en el Congreso con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs y PNV, entre otros. Y la oposición, únicamente, de un chirriante bloque del no formado por Vox, Bildu, ERC y JxCat.

El apoyo del PP a la convalidación del decreto, y la predisposición a negociar enmiendas cuando se tramite como ley, es un signo positivo que se suma a otros, como la apertura a pactar al menos las conclusiones en el campo sanitario de la comisión sobre la reconstrucción o la simple decisión de dar protagonismo durante unos días a una voz razonable como la de la exministra Ana Pastor en lugar de a Cayetana Álvarez de Toledo. Con todo, la sinceridad del redescubierto espíritu constructivo de los populares aún deberá pasar una prueba de fuego: mantenerlo una vez cerradas las urnas en Galicia y Euskadi y no repetir aquella jugada de un «giro al centro» para recoger los réditos electorales de la moderación para volver a echarse al monte de la crispación sin cuartel al día siguiente.

Volviendo a los acuerdos que, respectivamente, renuevan las prestaciones a los autónomos y prorrogan por tercera vez la fórmula de los ertes haciendo que su vigencia alcance hasta el 30 de septiembre, en lugar del 30 de junio: son tres meses de respiro. Con flexibilizaciones y garantías. Para los trabajadores de las empresas que no estén aún en condiciones de reemprender una mínima normalidad en su actividad durante este verano. Para las empresas que puedan replegar parte de su plantilla bajo este marco de mantenimiento subsidiado del empleo si se deben dar pasos atrás en la apertura de la vida social y económica ante posibles rebrotes de la enfermedad. Para aquellas que se desenvuelven en sectores que pueden volver a la actividad más sobre el papel que de forma efectiva. Es muy probable que la tercera prórroga no deba ser la última, como reclamaron sindicatos y patronales. Pero las circunstancias, sobre todo las decisiones aún pendientes en Europa, son las que dirán en qué formato y con qué recursos será necesario y posible mantener este respirador activado el próximo otoño.