El tiempo de aislamiento que soportamos nos parece inverosímil, pero nos está enseñando -o quizá recordando- muchas cosas. Una de ellas, la importancia del sector agrario. Las debilidades y carencias que la actividad agropecuaria padece en la actual sociedad tecnocrática exigen a las fuerzas políticas una preocupación y ocupación constantes por solventar la situación tan precaria por la que atraviesa.
Al margen de la cuestión de la tenencia de la tierra o la dimensión de las explotaciones, puede que uno de sus puntos más débiles estribe en la falta de conciencia del profesional del campo para organizarse de acuerdo con criterios empresariales, o, lo que es lo mismo, para considerar su explotación como una organización económica que se dedica a producir y distribuir bienes en el mercado. Y es precisamente en la comercialización donde el profesional de la agricultura sufre los mayores abusos.
En el curso de la historia, la actividad agrícola nace como una forma productiva ligada a la familia, al clan o al señor feudal. En un principio, la finalidad de la producción era el autoconsumo; nunca la comercialización. En una etapa más avanzada se inicia una fase comercializadora que, en cierta medida, despierta en la conciencia del agricultor la necesidad de una explotación más racional. Sin embargo, esta forma de proceder todavía es limitada.
En un mundo global, la adecuada comercialización de los productos agropecuarios exige una explotación según cánones empresariales propios de una sociedad de corte capitalista. Todas las empresas, sean agrícolas, comerciales o industriales, se mueven y operan en el mercado. En el ámbito agroalimentario, al carecer muchos profesionales de una mentalidad estrictamente mercantil, el acercamiento al mercado está carente de las técnicas propias de comercialización que brinda el marketing. Se echa en falta, por lo general, análisis de mercado y políticas comerciales agresivas. En su mayoría, los agricultores y ganaderos se limitan a vender sus productos en una restringida demarcación territorial y de forma aislada. Esta microcomercialización hace que los precios de los productos queden en manos de los intermediarios. De ahí que tradicionalmente hayan buscado la tutela estatal para corregir los problemas estacionales de desequilibrios entre oferta y demanda. Solo las grandes asociaciones cooperativizadas y los sectores tradicionalmente exportadores han sabido mantener una postura competitiva en los mercados.
Tradicionalmente ha parecido un contrasentido hablar de la organización de la agricultura para el mercado, en cuanto que explotaciones agrícolas y actividades mercantiles se antojaban contrapuestas. Pero no cabe duda de que la actividad agraria, al menos en lo que se refiere a la comercialización, debe adecuarse a principios empresariales si se quiere alcanzar criterios de eficiencia. Si no se observan las leyes del mercado, estas mismas leyes llevarán irremediablemente a un empeoramiento progresivo y paulatino de las rentas del campo.
A fin de no seguir cayendo en manos de los intermediarios y de los grandes distribuidores, se impone un cambio de mentalidad individual y pública. Se precisa mayor formación y financiación para los agricultores. Para eso es necesario dedicar recursos públicos. La Unión Europea no debe mirar tanto a las explotaciones en sí cuanto a las personas que están detrás de esas explotaciones. Carece de sentido subvencionar a grandes terratenientes, que en un gran número mantienen las explotaciones con ánimo especulativo.
La protección del sector agrario pasa por una legislación específica de su actividad. Es preciso abordar de modo urgente la unificación de las normativas básicas que lo regulan. Se impone la búsqueda de nuevas fórmulas de asociación, financiación, tributación y seguros, así como la concesión de ayudas públicas dirigidas, de un lado, a incrementar la calidad, para ganar en competitividad, y, de otro, a mejorar la comercialización de los productos agrarios en un mundo global. Todo lo que se haga por los agricultores y ganaderos va a redundar en beneficio de la economía nacional. Y esta tarea es más urgente y necesaria en regiones cuya renta tiene una mayor dependencia del sector agropecuario.
* Catedrático de Derecho Mercantil (Uex)
