El informe preliminar del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI sobre el cumplimiento de las condiciones que se pusieron a España para disponer de un crédito de 100.000 millones --del que dispuso de 40.000-- con el que sanear la banca llama la atención sobre la conveniencia de mantener la vigilancia y la regulación del sector. Los técnicos de los tres organismos que componen la troika visitaron España para verificar la aplicación del memorando del rescate bancario, y han concluido que se hace correctamente. No obstante, avisan sobre una eventual desestabilización del sistema y de nuevas recaídas por la prolongación de la recesión, peligros relacionados siempre con la crisis de la construcción.

Tanto el BCE como la CE ponen el acento en vigilar que la legislación hipotecaria no fomente más desahucios, que inevitablemente llenan a los bancos de activos inmobiliarios. De la misma forma, el FMI advierte sobre el riesgo que conlleva seguir exigiendo más solvencia y recapitalización a la banca porque puede provocar más restricción del crédito.

Sin ser abiertamente negativo, el informe provocó ayer una sensible caída de las acciones de los bancos porque, en definitiva, sostiene que los peligros que los acechaban siguen estando ahí, incluso después de que hayan desaparecido las cajas de ahorros, que llegaron a suponer la mitad del sistema y sobre las se concentraron la mayor parte de las responsabilidades del rescate.

Cuando estalló la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, de la banca española se podía decir que estaba sana porque apenas practicaba el negocio de inversión y porque el Banco de España había impuesto unas provisiones contracíclicas que le daba solvencia ante imprevistos. La experiencia demostró en seguida que aquellas dotaciones eran insuficientes, sobre todo cuando avalaban compras de suelo, cuyo precio ha llegado a caer un 90%. Lo que está diciendo la troika es que el problema sigue vivo, que no se conoce el precio real de los activos inmobiliarios que se han quedado los bancos, de los que tiene la Sareb y, peor todavía, de los que están respaldando hipotecas que se pagan religiosamente o que han sido renegociadas --refinanciadas-- para que no aparezcan en las listas de morosidad, obligando así a nuevas dotaciones.