WEw l presunto comando formado por islamistas paquistanís, que fue neutralizado el 19 pasado de enero en Barcelona, obedece las órdenes de Tehrik i Taliban Pakistán, que encabeza Baitulá Mehsud, la misma organización que se supone que asesinó a la exprimera ministro paquistaní Benazir Bhutto. Si alguna duda quedaba de esta conexión y de a qué obedece el interés por España del islamismo fundamentalista --la presencia de nuestras tropas en Afganistán--, las declaraciones de un portavoz de Mehsud, publicadas ayer en este periódico, la han dejado sin fundamento. Lo cual significa que la trama descubierta en el barrio barcelonés del Raval era tan peligrosa como se ha deducido de los planes que tenía en marcha.

A mayor abundamiento, las manifestaciones de Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, van en idéntico sentido: para la prédica islamista, la tutela extranjera del régimen del presidente Hamid Karzai se ha convertido en el argumento de cabecera que justifica los planes puestos en marcha en todas partes por las franquicias de Al Qaeda. En esta situación es literalmente inexacto hablar de amenazas potenciales; lo más adecuado sería referirse a los riesgos reales que habrá que afrontar en el futuro, salvo si se produce un cambio --en las actuales circunstancias esa hipótesis es más que improbable-- en Afganistán. De ahí la importancia del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con servicios de información extranjeros, para identificar a la célula de Barcelona.

No se trata de sumir en la sospecha a todo el colectivo paquistaní, y mucho menos, a toda la comunidad musulmana, pero la realidad es la que es y no se puede quitar importancia a aquello que la tiene. Y eso vale para todo el mundo, incluido el Gobierno, que en los primeros días tras las detenciones del Raval, por boca del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es esforzó en quitarle importancia a las detenciones, seguramente empeñado en impedir que la amenaza del terrorismo islamista provocada por la presencia militar española en Afganistán se adueñara de la precampaña electoral, dando argumentos a la oposición, deseosa de quitarse el sambenito de que el 11-M fue consecuencia de la participación española en la guerra de Irak.

Sin embargo, el mismo ejercicio de realismo debe servir para recordar que la invasión de Irak y el despliegue internacional en Afganistán no son equiparables, por más que algunos se empeñen. La invasión fue una acción ilegal llevada a cabo al margen de la ONU, mientras que la fuerza de seguridad en suelo afgano (ISAF) responde a un mandato expreso de la ONU asumido por la OTAN. Es preciso tener presente esta realidad para que nadie tenga la tentación de entregarse a la demagogia de las comparaciones y para que el Gobierno explique sin reservas mentales ni complejos por qué los fundamentalistas se fijan en España.