Otoño del 2012, finales del 2012 y Semana Santa del 2013. Estas tres fechas eran las previstas por Alberto Ruiz-Gallardón para presentar la reforma de la legislación sobre la interrupción del embarazo. El martes pareció responder con un "pronto" al apremio del lunes del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela . El ministro debería tener en cuenta que complacer a la CEE, y con ella a los sectores católicos más integristas, representa romper el consenso político y social logrado con la aprobación de la última ley del aborto (2010) y contentar así a una minoría de la sociedad española. Esta no representa a todos católicos, como refleja la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, para quien "la maternidad es una opción, no una imposición".

El consenso tampoco luce entre las filas del Gobierno, que afronta la reforma que anuncia dividido en las posibilidades de interrumpir el embarazo por motivos de salud psíquica o física de la madre o por malformaciones fetales. Sea como sea el punto de partida es la legislación de 1985 la que, en los casos más extremos, quedaría muy recortada. Justicia, de esta forma, se desmarca de nuestros semejantes europeos e intenta legislar a espaldas de una realidad bendecida por las cifras.

Una legislación restrictiva no disuade a las mujeres de interrumpir su embarazo, con lo que el cambio solo puede dirigir a las de menos recursos hacia la clandestinidad, y a las demás, hacia el extranjero. Los recortes en sanidad han afectado a las campañas a favor de una maternidad responsable y a los centros de planificación familiar, por lo que muchas mujeres pueden encontrarse ante una tesitura sanitaria y jurídica difícil.

En el centro del debate se encuentra la libertad de las mujeres y la regresión que esta nueva legislación significa para sus derechos sexuales y reproductivos. El Gobierno se permite hacer política con un tema fundamental de derechos e intenta aparentar equidistancia al señalar que la ley no gustará a los obispos, partidarios solamente de la prohibición. Si para justificar un cambio legislativo desde Justicia y no desde Sanidad, y sin demanda social, Alberto Ruiz-Gallardón pretende acogerse al fallo del Constitucional de 1985, hay que recordar que este facilitó la regulación del aborto hasta el 2010. Pero el ministro parece querer retroceder alguna década más.