WEwl contundente anuncio que hizo ayer el PSOE en el sentido de que está dispuesto a cambiar en la Asamblea la norma que actualmente exige que el director general de la radiotelevisión extremeña sea nombrado por al menos tres quintos de sus miembros o que, si no los alcanza, sea apoyado como mínimo por dos grupos políticos representados en la misma, para que a partir de ahora sólo necesite el apoyo de un grupo, es un asunto que no tiene tanto que ver con la aritmética de las votaciones, sino con los mimbres del sistema democrático. Es decir, no se está hablando de los apoyos necesarios para nombrar un determinado cargo público, puesto que no se puede dudar de la legitimidad de un nombramiento si tiene el respaldo necesario, y el del máximo responsable de la tele lo tendría tanto si sale elegido por los tres quintos como por mayoría absoluta. Al fin y al cabo, hasta nada menos que el presidente del Ejecutivo necesita para ser elegido únicamente que los apoyos sean mayores que los rechazos. Y nadie tendría derecho a sembrar dudas sobre su legitimidad para dirigir el Gobierno.

No es, por tanto, una cuestión de legitimidad lo que se ventila aquí si finalmente el PSOE lleva a cabo su anuncio de cambiar la ley para que el director de la tele salga elegido con el apoyo de un solo grupo, sino algo que es una de las esencias de la democracia: la seguridad jurídica, el respeto a las reglas del juego. Algo tan sencillo como que no se pueden cambiar las normas durante el tiempo en que se está jugando el partido. En este caso, además, el Partido Socialista debería no llevar a cabo esa anunciada pretensión porque hacerlo es admitir el fracaso del consenso. Y por la salud del sistema democrático es preciso negarse a reconocer que representantes extremeños de distintos grupos son incapaces de alcanzar ese acuerdo, porque acordar es hacer política. El PSOE debe reflexionar. No debe echar por tierra la oportunidad de diálogo que se dio la Asamblea --y el más comprometido con esa oportunidad fue el grupo socialista, por mayoritario-- cuando decidió que el director general de la televisión extremeña saldría de un acuerdo entre grupos parlamentarios y que debería obtener una mayoría cualificada para ejercer su labor.

Ese nombramiento debe recaer en alguien que proponga el PSOE. No puede olvidarse que este grupo tiene 36 diputados mientras que IU tiene únicamente 3. Esa proporción debe estar en la lógica de cualquier negociación, pero no se puede olvidar que la situación en que se encuentra este asunto deriva de que la Junta ya propuso dos personas que fueron aceptadas por IU y que luego, en una decisión inexplicable, la propia Junta retiró. Difícilmente, por tanto, se puede acusar en esta ocasión a la coalición izquierdista de empecinamiento y de tratar de retrasar la puesta en marcha de la televisión, puesto que ya habría director general si la Junta hubiera aceptado sus propios candidatos. Sería una buena noticia para la tele y para la política extremeña que se enfriaran los ánimos y que se diera una nueva oportunidad para el acuerdo.