La cancillera alemana, Angela Merkel, ha alcanzado una solución de compromiso con sus socios de gobierno para resolver la crisis que había generado el ya exmáximo responsable de los servicios de inteligencia, Hans-Georg Maassen. El expresidente de la Oficina Federal de Protección de la Constitución negó que en la ciudad de Chemnitz hubiera habido caza de inmigrantes (cuando grupos de neonazis tomaron la calle de la población y agredieron a emigrantes el pasado mes de agosto) y ha sido acusado de mantener vínculos con la extrema derecha, sobre todo con el partido neonazi Alternativa para Alemania (AfD). Maassen ha sido destituido ahora como jefe de los servicios secretos, pero permanece en el Ejecutivo bajo la protección de Horst Seehofer, presidente de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU).
Merkel ha tenido que maniobrar con las exigencias de su otro socio en el Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), y las de Seehofer, muy crítico con las políticas migratorias desarrolladas por la cancillera. Este asunto, las políticas migratorias y el auge de las fuerzas de extrema derecha en Alemania a costa de criticar esas políticas y de cargar contra los inmigrantes, es el núcleo real de la crisis. Alemania, uno de los países más generosos con los refugiados, ve con preocupación el auge de la extrema derecha y cómo el líder bávaro se alinea con postulados más propios del cinturón ultra de la UE. El abandono de Maassen del cargo es solo un punto y seguido en la crisis.
